Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals, anunció este lunes la posible suspensión temporal de sus operaciones, en medio de las protestas que se viven en territorio panameño tras la ratificación del contrato Ley 406 entre el Estado y esta firma.
A través de un comunicado, la compañía indicó que ha reducido sus operaciones "a un tren de procesamiento de mineral" debido "a los bloqueos ilegales por parte de pequeñas embarcaciones" en el puerto internacional Punta Rincón, sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación de la mina.
La empresa, además, prevé quedarse sin suministros para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de esta semana.
"Los bloqueos están impidiendo la entrega de suministros necesarios para operar la planta de energía. Independientemente de las necesidades de las operaciones, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de Minera Panamá es la prioridad de la empresa", añade.
Señala que las autoridades locales están presentes y evalúan constantemente la situación, para "lograr un retorno definitivo a las operaciones marítimas".
"Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción", enfatiza Minera Panamá.
Minera Panamá agrega en su comunicado que mantiene su voluntad de "abrir nuevos espacios de diálogo", con el fin de abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad.
La firma indica que, además de "importantes pagos de impuestos y regalías" que realiza la empresa, "la mina representa más del 2 % de la población activa total de Panamá y colabora con proveedores locales por valor de casi 20 millones de dólares por semana".
"La contribución económica general de la mina al Estado de Panamá se estima en más de 50 millones de dólares por semana, el equivalente a alrededor del 5 % del PIB (Producto Interno Bruto)", ingreso que, dice se podría ver afectado si la operación de la mina no continúa.
¿Por qué los panameños protestan contra el contrato minero?
El 20 de octubre pasado, el Gobierno de Laurentino Cortizo firmó la Ley 406, que renovó por 20 años el contrato entre el Estado y Minera Panamá, decisión que ha sido ampliamente rechazada en las calles del país centroamericano por diversos sectores del país.
En las protestas han participado estudiantes, médicos, obispos, obreros, profesores e indígenas, entre otros, que se manifiestan en contra del contrato-ley, porque consideran que es inconstitucional, "vende la patria", atenta contra los intereses soberanos del país y pone en riesgo el ecosistema del bosque de Donoso, en la provincia de Colón, donde ejecutará el proyecto la minera canadiense.
Además, el mencionado acuerdo es la extensión de uno firmado entre el Estado y la empresa canadiense en 1991, que tiene antecedentes de inconstitucionalidad.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional ese primer contrato minero, en respuesta a una demanda del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, presentada en 2009. Luego, en 2021, la CJS ratificó el fallo tras rechazar seis recursos contra su sentencia.
Actualmente la CSJ evalúa una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en medio de las protestas contra la polémica ley. El máximo tribunal anunció que su fallo no se conocerá hasta, por lo menos, el 23 de noviembre de este año.
Por su parte, Cortizo anunció la semana pasada, en medio del aumento de las protestas, que acatará "el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero". Además, prometió que los actos violentos generados en las manifestaciones no quedarán impunes.