En Brasil se ha abierto un nuevo capítulo en el pulso entre poderes, esta vez por una iniciativa del Congreso para quitarle capacidad de decisión a los jueces del Supremo y de instancias inferiores.
La voluntad del Legislativo de quitarle atribuciones a la máxima corte ganó fuerza en los últimos meses, después de varias decisiones judiciales contrarias al sentir mayoritario entre diputados y senadores.
El caso más reciente es la decisión del STF de tumbar un criterio promovido por el poderoso sector del agronegocio para limitar la demarcación de tierras indígenas.
Tras el rechazo de los magistrados, el Congreso, fuertemente dominado por la derecha conservadora y los ruralistas, lo aprobó convertido en una ley que, en caso de que sea promulgada pese al veto parcial de Lula, terminará muy probablemente siendo declarada inconstitucional por la máxima corte.
¿Invasión de competencias?
Los legisladores, que suelen reclamar que el STF invade sus competencias, decidieron atacar una prerrogativa muy usada por los jueces en Brasil: la de suspender con decisiones individuales, sin someterlas a consideración del órgano colegiado, la validez de leyes y otras medidas aprobadas por el presidente.
Esa facultad, que puede aplicarse sin límites, permite suspender de forma cautelar leyes y otros actos que hayan sido impugnados por supuesta inconstitucionalidad.
El sitio de noticias G1 pone como ejemplo la suspensión cautelar, dictaminada en 2016 por un juez del Supremo, del nombramiento del hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete), hecha por la entonces mandataria Dilma Rousseff, en momentos en que el líder izquierdista esta siendo investigado por la megaoperación anticorrupción Lava Jato.
El miércoles, el Senado aprobó eliminar esa facultad de los jueces en forma de propuesta de enmienda constitucional (PEC), que ahora deberá ir a la Cámara.
"Un retroceso democrático"
El jueves, el STF respondió muy molesto a la propuesta de enmienda constitucional, a la que calificó de retroceso democrático.
"No se sacrifican instituciones en el altar de las conveniencias políticas", dijo el presidente de la Corte, Luis Roberto Barroso. "En todos los países que vivieron un retroceso democrático, los cambios empezaron en las cortes supremas", agregan.
Según G1, la máxima corte estaría barajando la posibilidad de declarar inconstitucional la PEC, en caso de ser aprobada. El presidente de la Cámara Alta e impulsor de la propuesta de enmienda, Rodrigo Pacheco, respondió duramente a esas "agresiones".
"No permito abrir un debate político, ni recibir agresiones que gratuitamente recibí de miembros del STF, en razón de un papel constitucional que cumplí de buscar mejorar la justicia de nuestro país", declaró en un pronunciamiento.
Pacheco también aseguró que la PEC "no constituye ningún tipo de enfrentamiento o represalia" al STF.