La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406, mediante la cual el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de una trasnacional en una mina de cobre a cielo abierto, situada en una zona de bosques tropicales.
La presidenta de la CSJ, María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime. "Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", detalló.
Y continuó: "Aprovechamos la oportunidad para mandar un mensaje de felicitación a los panameños con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia".
Los panameños, congregados frente al CSJ, festejaron la decisión. "¡Viva Panamá!", "¡Bravo!", gritaron.
"De manera unánime, la Corte Suprema de Justicia restituye el orden constitucional y le devuelve la paz a la Nación. Ahora, al Órgano Ejecutivo: ejecuten con celeridad y a cabalidad la orden de la Corte y no olviden nunca que el poder público emana del pueblo", comentó Ricardo Lombana, candidato presidencial de Movimiento Otro Camino.
El diputado independiente Gabriel Silva, escribió: "28 de noviembre, una fecha cada vez más simbólica de independencia".
"El pueblo panameño ha demostrado que unido y enfocado es capaz de lograr grandes cosas. Que esta experiencia sirva a futuros gobernantes para entender que los tiempos han cambiado, la indiferencia ante la corrupción se acabó", aseguró el diputado Edison Broce.
Rechazo masivo
Desde el pasado 20 de octubre, cuando se concretó la aprobación expedita en el Congreso del contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, miles de ciudadanos tomaron las calles para mostrar su rechazo.
Los detractores del contrato minero alegan que el extractivismo representa una amenaza para la biodiversidad del país centroamericano, al tiempo que constituye una práctica inscrita en modelos coloniales de expoliación, inconsistente con los intereses soberanos de la nación.
Así, aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por grupos de ambientalistas y líderes indígenas, a ella se sumaron rápidamente estudiantes, maestros, dirigentes sociales y ciudadanos comunes.
Las autoridades argumentan que, si bien los ciudadanos tienen derecho a expresar pacíficamente su descontento, no están habilitados para cerrar caminos, destrozar bienes públicos o privados, enfrentar a la Policía o generar daños económicos.
Medios locales vienen informado de choques persistentes entre manifestantes y fuerzas del orden, en un contexto de creciente represión y del aumento de la presión de grupos económicos.
El asesinato de dos personas en un piquete elevó el descontento a un nuevo nivel y puso más presión sobre la Administración de Cortizo, que ha intentado destrabar la situación proponiendo un referéndum —rechazado por el órgano electoral— y sancionando una ley que prohíbe otorgar nuevas concesiones, sin que ello se haya traducido en una reducción de las demandas antiminería.
Por su parte, Minera Panamá, que baraja reducir sus operaciones a causa de los constantes bloqueos en la zona del puerto internacional de Punta Rincón, ha solicitado a la CSJ que no declare inconstitucional la Ley 406, al considerar que no existen razones para soportar la demanda ciudadana y sí "presión política" para fallar en favor de los demandantes.
Afectaciones económicas
Paralelamente, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció el pasado lunes que el presupuesto de 2024 presentaría recortes en virtud de cambios en "las condiciones" del país, en una velada referencia a la situación con Minera Panamá.
Según expertos citados por La Estrella de Panamá, las protestas acarrearán la pérdida de unos 50.000 empleos en pequeñas y medianas empresas, cuyo número se reducirá en un 10 % al cierre del año en curso, al tiempo que se verían afectados otros 15.000 puestos de trabajo temporales en centros comerciales.
De momento, Cortizo ordenó congelar en una cuenta especial del Banco Central las regalías pagadas por Minera Panamá al Estado durante los años 2021 y 2022, así como las de los tres primeros cuatrimestres de 2023, a la espera del dictamen de la CSJ, que hoy ha confirmado la nulidad de la polémica ley.
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