El exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso presentó su apelación a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de admitirlo bajo ese sistema de justicia transicional, como "bisagra" o punto de conexión entre la Fuerza Pública y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En un comunicado difundido por la prensa, Mancuso –acogido por esta instancia el pasado 17 de noviembre– dijo que en la apelación pedía el "sometimiento integral" a ese organismo, "dada la centralidad e interés superior de las víctimas, la satisfacción plena de sus derechos, la no fragmentación de la verdad, ni del esclarecimiento de los hechos, identificación, procesamiento y sanción de máximos responsables".
El también gestor de paz, designado en agosto por el presidente Gustavo Petro, aseveró que su recurso en contra del fallo de la JEP no se debe solo a la "inseguridad jurídica" en la que quedaría, sino a un "debate profundo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos", dice el documento.
El lunes pasado, el Tribunal Superior de Barranquilla, Colombia, perteneciente a la Justicia de Paz, emitió una orden de aprehensión contra Mancuso por "masivos y sistemáticos crímenes cometidos entre 1997 y 2005", mientras estaba en el Bloque Montes de María de las AUC, por lo que su caso solo se relaciona con sus acciones como paramilitar.
Una "bisagra" en la mira
Por otra parte, la JEP solo lo admitió como "bisagra" porque no ha abierto un macrocaso para los paramilitares, lo que ha causado divergencias con el Ejecutivo, que considera que debería incluir a otros grupos armados, además de la guerrilla.
El excomandante de las AUC asevera además que es inviable "separar o escindir" su rol de "bisagra" de su función al frente de ese grupo paramilitar que, sin pertenecer a las Fuerzas Militares, cumplió un papel de "sujeto material y funcionalmente incorporado" a ese ente, debido a que se diseñaban y ejecutaban operaciones conjuntas.
En el escrito, Mancuso envió un mensaje a los políticos y militares que no le han dado crédito a sus testimonios ante la JEP: "Las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político".
"Durante años compartimos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, ya sea por acción o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país", aseveró el exjefe paramilitar, que fue extraditado en 2008 a EE.UU. y que ya cumplió su pena de 15 años de cárcel en ese país.
Con esa aseveración hace referencia, entre otros tópicos, a la reciente comparecencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien acudió ante la Fiscalía a rendir declaraciones sobre la masacre de El Aro (1997) y el asesinato del abogado y defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido al año siguiente. El derechista negó su responsabilidad en los hechos mientras era gobernador y culpó de lo sucedido a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).