El conservador Congreso brasileño, con fuerte presencia de la banca ruralista, anuló este jueves el veto del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva al artículo de una ley, aprobada por el Legislativo, para limitar la demarcación de cientos de tierras indígenas.
Ahora el texto deberá ser promulgado, pero es muy probable que la Corte Suprema lo termine declarando inconstitucional, un fallo que también podría ser impugnado.
En una sesión conjunta entre la Cámara y el Senado, el veto fue rechazado por 321 diputados y 53 senadores, y recibió el apoyo de 137 diputados y 19 senadores.
La ley en cuestión es parte de la cruzada de los terratenientes y ganaderos brasileños para amasar más tierras. El veto de Lula era a la tesis del 'marco temporal', que establece que los pueblos indígenas sean expulsados de sus tierras en proceso de demarcación, en caso de que no demuestren que se encontraban en ellas antes del 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Ese criterio, que pone en riesgo el futuro de cientos de reservas en Brasil, fue rechazado en septiembre por los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) en un juicio que duró más de dos años.
"Una derrota para la humanidad"
La diputada indígena Célia Xakriabá calificó el marco temporal como una "tesis anticivilizadora" en Brasil y dijo que la anulación es una "derrota de la humanidad".
Los indígenas en Brasil son considerados los mejores guardianes de la selva ante el avance de la deforestación y otros crímenes ambientales.
La anulación del veto es una derrota para Lula, muy comprometido con la causa indígena desde su llegada al poder, tras meses de negociaciones con la oposición en un Congreso donde los aliados del expresidente Jair Bolsonaro, entre ellos los terratenientes, tienen mucha influencia.
Y es un nuevo choque entre los poderes en Brasil, que en ese caso inició el Congreso, que promovió este proyecto para convertir en ley lo que la Corte suprema rechazó, en favor de los indígenas.
En octubre, al justificar el veto, Lula dijo que el criterio del 'marco temporal' incurre en un "vicio de inconstitucionalidad" y contraria "el interés público porque usurpa los derechos de los pueblos ancestrales".
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