El caso 'La fiscal y su cúpula de poder' sigue develando tramas e implicaciones en Perú. Ahora se conoció que la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, buscó influir en varios casos de alto perfil, como el de la agrupación Sodalicio de Vida Cristiana.
Ese grupo religioso peruano, con miles de seguidores en decenas de países, está envuelto en el mayor escándalo de abusos sexuales perpetrado por miembros de la Iglesia católica en Perú, como lo cataloga la prensa local.
Jaime Villanueva, exasesor de confianza de Benavides convertido en colaborador eficaz, admitió que la suspendida fiscal de la Nación presionaba para favorecer a los integrantes de Sodalicio.
En los primeros meses de 2023, Benavides llamó al fiscal Rafael Vela —a la postre también suspendido— para pedirle "expresamente que reciba al abogado José Luis Hauyón Dall'Orto, abogado del caso Sodalicio" por entonces, refirió el portal Epicentro.
Vela lo recibió en las oficinas del Equipo Especial Lava Jato, y allí le habría dicho que el fiscal provincial Lizardo Pantoja Domínguez "no tendría sustento para poder calificar un documento que ya no existiría jurídicamente", en referencia a una expedición de copias con la cual el funcionario buscaba reabrir un caso contra Sodalicio.
Periodista en la mira
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó que Hauyón le pidió a Benavides interceder ante la Justicia para que el proceso por lavado de activos contra la periodista Paola Ugaz no fuera archivado.
La demanda por lavado de activos contra Ugaz fue archivada en julio pasado. Empero, la decisión fue apelada y enviada al equipo especial de Vela, que confirmó haber sido presionado para continuar el proceso.
Ugaz es una de las periodistas que han investigado al Sodalicio Vida Cristina y revelado abusos contra jóvenes de ese grupo religioso, así como un presunto lucro bajo el concordato que existe entre el Vaticano y el Estado peruano. En noviembre de 2022 fue recibida por el papa Francisco.
Reacciones
La Red de Sobrevivientes Perú, que agrupa a víctimas de todo tipo de abuso eclesiástico, exigió justicia y recordó que las primeras denuncias surgieron hace 23 años.
Mientras, en los últimos siete años "la denuncia penal contra los abusadores y sus encubridores no ha avanzado, a pesar de las pruebas y del reconocimiento de los delitos por parte de la secta".
"Hoy sabemos que el Sodalicio tenía un abogado/operador que pidió explícitamente a la fiscal Benavides que controlara el caso y permitiera la persecución fiscal y judicial de los investigadores de la secta, con el apoyo de periodistas y políticos corruptos", afirmó la organización.
Por su parte, IPYS rechaza "el acoso judicial contra Paola Ugaz y exige a las autoridades correspondientes que se investigue y sancione a los que resulten responsables por la persecución contra la periodista como consecuencia de su trabajo de investigación".
Entretanto, la propia Ugaz, quien ahora es investigada por un supuesto enriquecimiento ilícito, declaró que se trata de "una venganza orquestada por el Sodalicio para callarnos y darnos un escarmiento por haber investigado a esa organización".
Entrevistada por el medio en el que trabaja, Nativa, la comunicadora afirmó que "es imposible llevar la cuenta" de todas las denuncias que se han presentado en su contra.
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