Hace poco se cumplió un año de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2022 en la región de Ayacucho, Perú, donde la represión estatal dejó un saldo de 10 personas muertas. Desde entonces han surgido varias revelaciones que confirman la autoría del Ejército.
El medio local La Encerrona reveló imágenes y videos captados por una cámara de seguridad cerca del aeropuerto de Ayacucho, donde se produjeron los hechos en una de las miles de manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Mientras algunos manifestantes arrojaban piedras, un hombre se resguarda. Su familia lo identificó como Jhon Henry Mendoza Huarancca, de 34 años, quien falleció por un impacto de arma de fuego en la cabeza.
Tres militares se agacharon y apuntaron al cuerpo de los protestantes que huían, menos uno, Mendoza Huarancca, que quedó inerme en el suelo. Recién cuando los efectivos volvieron al aeropuerto, manifestantes se acercaron para cargar el cuerpo.
La hermana del occiso informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había recibido un impacto de bala en el momento en el que se dirigía a la casa de uno de sus socios, cerca del aeródromo, para participar en una reunión de planificación.
Relato tremebundo
Durante los disturbios, un militar pateó a la ciudadana Daisy Gonzales, que había salido de su vivienda para buscar a sus hijos y llegó a estar justo al lado de Mendoza Huarancca. La mujer pidió ayuda al verlo gravemente herido, pero los uniformados la ignoraron.
"El joven Jhon intentó pararse y ahí fue que le cayó la bala de un militar por la espalda. La bala me pudo caer a mí. Yo giro hacia él y lo jalo para ayudarlo", relató Gonzales al diario La República.
La testigo, que terminó con un hematoma en el rostro, les reclamó a los uniformados porque no ayudaron a Mendoza Huarancca. "Otro militar, el que había disparado de la mitad de la pista, se acerca al lugar y me grita: '¡Déjalo, que muera como perro!'", agregó Gonzales.
"Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", estimó la CIDH en mayo pasado.
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