Trabajadores de la salud de Argentina rechazaron este miércoles las medidas de desregulación económica del Gobierno de Javier Milei, y advirtieron que el sistema público podría entrar en un "colapso".
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) emitió un comunicado que denuncia que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei es "inconstitucional", y que junto a la llamada ley 'Ómnibus' "representan un avasallamiento a los principios fundamentales de la salud y al rol esencial que desempeñan los profesionales en la atención primaria".
Para la Cicop, que decidió sumarse al paro general del próximo 24 de enero, las medidas anunciadas por la administración nacional atentan "contra el derecho a la salud pública y contra toda la sociedad, comprometiendo el acceso oportuno y seguro a la misma por no poder acceder a efectores privados".
Además, el texto remarca que las disposiciones del DNU, que por el momento fueron frenadas por una medida cautelar de la Justicia, causarán una "vulneración y sobrecarga del sistema público de salud".
Aumentos sin control
En uno de los puntos más polémicos del DNU se habilita la liberación de las tarifas de las compañías de medicina prepaga, cuyos aumentos hasta ahora eran regulados por el Estado a través de a Superintendencia de Servicios de Salud, que informaba el monto de incremento permitido a las empresas privadas.
"Las prepagas debían avisar con 30 días de anticipación los montos acordados, y con el nuevo decreto esto ya no existiría", dice el gremio. Y señala que esto "actualmente ya tiene impacto en los usuarios, ya que se registran subas de entre 35 % y 40 %". La intención expresada por el presidente Milei es la de desregular el sistema para generar la "libre competencia".
El comunicado rechaza también la "desfinanciación" de las obras sociales que ofrecen los sindicatos a sus afiliados para la atención médica. "En la ley anterior las obras sociales debían invertir 80 % de su recaudación en coberturas de salud".
Asimismo, la Cicop remarca que 80 % de la financiación del sistema público está a cargo de las provincias y los municipios (65 % y 15 %, respectivamente), por lo que "el efecto de la restricción de los recursos coparticipables —es decir, el dinero que recibe cada distrito desde el fisco nacional— será devastador".
Por último, los profesionales de la salud manifestaron que las reformas impactan también en el sector farmacéutico, ya que permiten la venta libre de medicamentos en comercios, lo que "desincentiva la consulta con un profesional de salud y favorece la sobremedicación".
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