El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) un nuevo lote de preguntas para que sean consideradas de cara al plebiscito que prometió, con el objetivo de ejecutar reformas en áreas claves como la seguridad.
Las nuevas interrogantes, que se suman a las 11 presentadas por Noboa la semana pasada, fueron entregadas el lunes en la sede de la CC en Quito, por el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; el viceministro de Seguridad Pública, Vicente Auad; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Lyonel Calderón; entre otros funcionarios de la administración de Noboa. La medida se tomó en medio de la declaratoria de Estado de Excepción en ese país suramericano.
A través de un comunicado, el Gobierno detalló que con esta acción envían "un mensaje contundente" para decir que "el Estado ecuatoriano ha escuchado a la
ciudadanía". "Necesitamos unirnos todos, en un solo puño para enfrentar a la delincuencia que ha pretendido poner en jaque al Gobierno", dijo Torres.
Según el Ejecutivo ecuatoriano, este segundo bloque de preguntas "busca encaminar la estrategia de seguridad como una prioridad del Estado hacia la ciudadanía, así como la generación de empleo", para tratar de "frenar los problemas de inseguridad y contribuir con cambios".
¿Qué plantean las nuevas interrogantes?
Según el Gobierno de Noboa, las preguntas incluyen temas como: extradición; extinción de dominio; revocatoria de concesiones mineras ilegales; posibilidad del envío de proyectos de leyes emergentes en materia económica y en otras áreas "de interés nacional"; y la implementación del trabajo por horas para "impulsar la generación de empleo".
Además incorporan el "respaldo a las Fuerzas Públicas con la concesión de indultos; establecimiento de una Justicia Constitucional especializada; la incorporación del arbitraje para permitir una mayor inversión en el Estado; jueces especializados que juzguen a policías y militares".
Las nuevas preguntas son:
- ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
- ¿Está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución y se reforme la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo o injustificado, conforme se detalla en el Anexo 4?
- ¿Está usted de acuerdo en que, para erradicar la minería ilegal, se declaren a las zonas mencionadas en el Anexo 5, como territorios de interés nacional, con la finalidad de evaluar, por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras, para garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado?
- ¿Está usted de acuerdo con permitir que el Presidente de la República pueda calificar de leyes urgentes proyectos de ley que no solo se refieran a la materia económica, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 6?
- ¿Está usted de acuerdo en que el Presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a quienes se haya imputado un delito relacionado con el uso de la fuerza en contra de sospechosos de delitos, de acuerdo con el Anexo 7?
- ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 8?
- ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el Anexo 9?
- ¿Está usted de acuerdo con que el personal de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respetando el principio constitucional de unidad jurisdiccional, en el caso de los delitos cometidos dentro de su misión, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial a través de legislación específica de acuerdo con el Anexo 10?
- ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el Anexo 11?
¿Qué sucede en Ecuador?
Noboa envió a inicios de enero las primeras 11 preguntas para que la CC las avale o no. Los cuestionamientos forman parte del referendo que prometió para sus primeros 100 días de Gobierno, que inició el pasado 23 de noviembre y que se extenderá por 18 meses, para cumplir con un breve periodo presidencial de Ecuador que abandonó su antecesor Guillermo Lasso tras declarar la llamada "muerte cruzada".
En esas primeras interrogantes también se abarcan diversos temas, como el interés del mandatario de endurecer las políticas migratorias, de manera que favorezcan la expulsión 'exprés' de extranjeros, así como la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas para afrontar la grave crisis de seguridad que afronta el país suramericano.
Según Noboa, la consulta podría realizarse entre la última semana de febrero o en la primera de marzo de este año. Sin embargo, primero se debe pronunciar la CC, que tiene un plazo de 20 días para admitir o no las preguntas, que ya han sido criticadas por sectores de oposición y gremios sindicales.
El anexo de estas nueve preguntas se dio justo el mismo día que Noboa decretó Estado de Excepción en el país, que incluye un toque de queda nocturno, la movilización de militares y policías para el control ciudadano y la intervención del sistema carcelario, que en la víspera fue epicentro de motines en varias cárceles y secuestros de varios uniformados penitenciarios.
La álgida situación incorpora una cruenta crisis de inseguridad y violencia contra la ciudadanía, con decenas de atentados, asesinatos, narcotráfico, extorsiones, secuestros, robos, entre otros delitos de gravedad, en un país que cerró el 2023 con una tasa de homicidios superior a las 40 víctimas por cada 100.000 habitantes, la cifra más violenta de América Latina, según estadísticas oficiales.
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