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ONU pide a Ecuador "proporcionalidad" en la respuesta a la crisis de violencia

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La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha afirmado que "los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas".
ONU pide a Ecuador "proporcionalidad" en la respuesta a la crisis de violencia

La oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a Ecuador este viernes que las restricciones de libertades decretadas en el país para hacer frente a la crisis de violencia, desatada en las últimas semanas, respeten "los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación".

Por medio de la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell, la ONU se pronunció acerca de la situación que encara el país latinoamericano, que se enfrenta a enormes desafíos en materia de seguridad.

Throssell apuntó que los poderes concedidos a las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitados en el tiempo y quedar subordinados a autoridades civiles.

A través de su perfil oficial en la red social X, ONU Ecuador transmitió asimismo un mensaje "de profunda solidaridad con el pueblo ecuatoriano" y condenó "enérgicamente los graves actos de violencia criminal", tras hacer un llamado "a que la situación se resuelva dentro del marco del Estado de Derecho, en pleno cumplimiento y respeto por los derechos humanos".

Su pronunciamiento coincide con la postura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública este miércoles, en la que tras condenar "los hechos de violencia en cárceles, los atentados con explosivos y todo el accionar planificado del crimen organizado" en Ecuador, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos durante el estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, el pasado 8 de enero.

En las últimas jornadas, al menos 12 personas han muerto en diferentes incidentes violentos, entre ellos, dos policías. Además, más de 150 funcionarios de prisiones y 20 trabajadores administrativos han sido tomados como rehenes por presos en siete cárceles.

Tras el estallido de la ola de violencia, el Gobierno aprobó un estado de emergencia de 60 días, con toque de queda nocturno, y desplegó al Ejército para hacer frente a lo que Noboa ha denominado como un "conflicto armado interno".

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