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Reportan que Boluarte ascendió a generales de la Policía vinculados con muertes durante protestas
Uno de los efectivos señalados incluso fue "premiado" con un viaje a Israel para recibir adiestramiento, informó un medio local.
La presidenta peruana Dina Boluarte habría promovido a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que estuvieron relacionados con varias de las 67 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a marzo de 2023, según reportó el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Se trata de cinco generales de la PNP que eran jefes de las regiones y frentes policiales de Apurímac, Junín, Lima, Ayacucho y Puno. En las dos últimas, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo "graves violaciones" cometidas por las fuerzas de seguridad.
En #Hildebrandt@ensustrece: CRÍMENES CON ASCENSOS por @SoniaSuyon. En los últimos meses, Dina Boluarte promovió a puestos superiores a los jefes policiales de las regiones donde fueron asesinados a balazos decenas de ciudadanos. En Juliaca, mientras tanto, el pueblo recordó esos… pic.twitter.com/eGOe4W2iXT
— Semanario Hildebrandt en sus trece (@ensustrece) January 12, 2024
Los primeros seis decesos se produjeron en la región de Apurímac entre el 9 y el 14 de diciembre de 2022, durante enfrentamientos de la población movilizada y miembros de la PNP. Entre los fallecidos se contaron dos adolescentes.
La máxima autoridad en la zona era el general Luis Flores Solís, quien casi tres meses después fue trasladado a Lima, donde pasó de un cargo a otro hasta ser ascendido a jefe de la Dirección contra el Terrorismo.
A finales de 2022 murieron tres personas en Pichanaqui (Junín), donde mandaba el general Gregorio Martín Villalón Trillo, quien igualmente fue llamado por Boluarte a la capital peruana y reasignado como director de Medio Ambiente de la PNP.
General Luis Flores Solís y el coronel Alexis Luján Ruiz. La tesis fiscal apunta a que ambos jefes policiales serían los autores mediatos de la muerte de Cristian Rojas Vasquez (19), Wilfredo Lizarme Barboza (18), Jhon Enciso Arias (18), Beckham Quispe Garfias (18),
— Ernesto Alvarez (@LordJimjr) January 16, 2023
Aunque en Lima las manifestaciones eran menores, también marcharon contra la mandataria. Y allí el encargado policial era el general Víctor Zanabria durante el deceso de Víctor Santisteban Yacsavilca, quien perdió la vida tras ser impactado por una bomba lacrimógena.
Cuando fue interrogado por la Fiscalía de la Nación, Zanabria respondió que Boluarte "no les dio ninguna indicación sobre cómo se debería proceder frente a las protestas". Terminó al frente de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales.
Detrás de la "masacre"
El general Carlos Omar Bravo Cáceres, quien era el jefe policial de la región Puno cuando fallecieron 19 personas en la ciudad de Juliaca, fue llevado a Lima para encargarse de la Jefatura Nacional de Inspecciones de la PNP.
En un informe publicado el año pasado, la CIDH condenó los hechos acaecidos en Juliaca e instó a que "las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial".
Por su parte, el general Antero Rosendo Mejía Escajadillo encabezaba la represión policial en Ayacucho, donde fallecieron 10 personas. De acuerdo a Hildebrandt en sus Trece, primero fue enviado a la región de Piura y luego "premiado" con un viaje a Israel por 18 días para participar en un curso de seguridad ciudadana.
Actualmente se desempeña como director de Seguridad Ciudadana de la PNP.
La CIDH consignó que "al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar", lo ocurrido en Ayacucho "podría calificarse como una masacre".
Sin acusaciones
Hasta ahora ningún policía ha sido imputado por estos sucesos y, de acuerdo con La República, el fuero judicial castrense archivó una investigación preliminar contra los altos mandos del Ejército con participación en la conducción de las acciones militares en Ayacucho.
La Fiscalía consideró ante la Vocalía Suprema Militar Policial que no había suficiente evidencia para formalizar un proceso por los delitos de desobediencia y exceso en el ejercicio del mando, apuntaron fuentes al diario.
El mes pasado se cumplió un año de lo sucedido en Ayacucho y la semana pasada fue el primer aniversario de las muertes en Juliaca. En ambos lugares se movilizaron decenas de personas para exigir justicia, que de momento no se ha producido.
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