El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, defendió este jueves la controversial excarcelación del exmandatario peruano Alberto Fujimori, quien dejó la cárcel en diciembre pasado con su voto a favor.
"No podíamos dejar en indefensión a una persona", afirmó Morales entrevistado por el diario local El Comercio. "La línea de este tribunal es que sus sentencias se cumplan (...) allí había solo una cuestión, que se cumpla o no se cumpla", afirmó.
En marzo de 2022, el TC falló a favor de la liberación del exmandatario (1990-2000), quien cumplía una sentencia de 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.
Morales aseveró que debatieron varias semanas sobre este "dilema", dado que ese mismo mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano "abstenerse" de liberarlo.
"El TC no reconoce a ningún órgano superior a él en el ámbito peruano, porque está en la Constitución", resaltó Morales. "Desde nuestro punto de vista, creemos que esa prerrogativa, esa competencia, reside en el Estado peruano", añadió.
Próximos pasos
A finales del año pasado, la Corte IDH declaró al Estado en "desacato" por autorizar la libertad de Fujimori. Desde el Gobierno han señalado que debían apegarse a lo dictaminado por el TC y han anunciado una respuesta "categórica en defensa de los intereses del Perú".
"La Constitución establece que el Ejecutivo debe hacer cumplir los fallos del TC", arguyó el magistrado. "El Estado peruano dará su respuesta, lo que quiero decir es que existe un margen de apreciación del propio Estado y ellos darán su postura", agregó.
Igualmente, Morales fue consultado por la carta que le envió uno de los magistrados que votó en contra, Manuel Monteagudo, quien pidió que se anule la resolución que le permitió a Fujimori salir del icónico penal de Barbadillo.
"Ya ha terminado ese caso", subrayó Morales. "Entonces, no sigamos insistiendo, el señor está libre, afronta otros casos", indicó.
Fujimori está enjuiciado por el caso Pativilca, que dejó seis campesinos fallecidos en 1992, acusado como autor mediato de los crímenes por los delitos de presunto homicidio calificado y asesinato con alevosía.
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