La Confederación General de Trabajadores (CGT), la principal central sindical de Argentina, ultima el nuevo desafío para Javier Milei en las calles: el paro general del miércoles, el más tempranero en un mandato de la historia reciente del país, convocado contra el severo plan de 'shock' del presidente libertario.
Este lunes, según la prensa local, los principales dirigentes de la histórica central sindical se reúnen para cerrar los últimos detalles de la movilización, que incluirá una marcha frente al Congreso y un paro de transporte público parcial, en medio de las amenazas del gobierno con su 'protocolo antipiquetes'.
Los ánimos llevan años caldeados en Argentina por el avance imparable de la inflación y la pobreza en los gobiernos del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el derechista Mauricio Macri (2015-2019), y la llegada al poder del ultraliberal Milei con su icónica motosierra le ha añadido más leña al fuego.
"La patria no se vende"
La CGT convocó este medida de fuerza en protesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la 'ley ómnibus', a ser analizada esta semana por el Congreso, con el que el mandatario busca darle la vuelta al país en lo económico, lo social y lo político.
"Vamos a la plaza del Congreso. La patria no se vende", reza el cartel de la convocatoria.
A la movilización se sumaron parte del gremio educativo y de los trabajadores estatales y amplios sectores del peronismo, entre ellos el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Unión por la Patria, la coalición del excandidato presidencial Sergio Massa, anunció que se sumará a "todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el pueblo argentino a lo largo y ancho" del país.
Entre otras cosas, la movilización protestará contra la reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo, facilita despidos, elimina indemnizaciones, limita el derecho a huelga y perjudica a miles de empleados tanto del sector público como privado.
Y contra los severos recortes y otras medidas anunciadas por el mandatario, entre ellas la supresión de subsidios a la energía y el transporte, la devaluación del peso en más del 50 %, la reducción de la plantilla del Estado o la privatización de empresas.
"La Argentina del atraso y la decadencia"
Antes de su llegada al poder, Milei ya advirtió que su recetario para recomponer "la peor herencia de la historia", provocada según él por décadas de ampliar sin límites la masa monetaria con fines políticos, no iba a ser un camino de rosas.
Este lunes, en una entrevista en la radio Rock & Pop, el mandatario aseguró que el paro "va a demostrar que hay dos Argentinas".
"La que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia (...) y la que quiere el modelo de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos", señaló esta mañana.
También dijo que algunos sindicalistas "entienden la naturaleza del problema" de la economía, y puso como ejemplo el hecho de que "no se crea empleo en el sector privado desde 2011".
El 'protocolo antipiquetes'
El paro, criticado entre otros por organizaciones de pequeñas y medianas empresas, ya fue amenazado con una represión por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien advirtió el domingo que el gobierno aplicará el protocolo que evita el cierre de calles y que, de manera inédita, les cobra a las organizaciones los costos de los operativos policiales.
Además, en la línea con la teoría del gobierno de que los sindicatos se comportan como una "mafia" al obligar a los trabajadores a acudir a las marchas, la ministra dijo que se reciben 1.000 llamadas al día de gente que denuncia extorsiones para sumarse al paro del miércoles.
"El miércoles vamos a hacer todo lo posible para que los argentinos que quieran trabajar no se sientan amedrentados por aquellos que hacen estas declaraciones", comentó. Se refería al dirigente sindical Héctor Daer, que recientemente dijo que los opositores dialoguistas que aprueben la 'ley ómnibus' no van a poder caminar por la calle.
El gobierno además anunció que los empleados del sector público que se sumen a la huelga sufrirán el descuento por el día no trabajado, algo que los gobernadores peronistas, entre ellos Kicillof, prometieron no aplicar.
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