El libertario Javier Milei ganó el poder en Argentina con una fuerza arrolladora, pero la icónica motosierra con la que busca desmantelar el Estado tiene una suerte de talón de Aquiles: su debilidad parlamentaria.
El excéntrico economista de 53 años interpretó su inapelable 55 % de los votos en el balotaje presidencial como una carta blanca del pueblo argentino a su plan de 'shock' ultraliberal, justificado con su frase de "No tenemos plata". El triunfo del libertario se dio tras años de hartazgo generalizado por la inflación desbocada, el aumento de la pobreza y devaluación monetaria.
Al poco de asumir, Milei anunció medidas de emergencia económica, entre ellas una devaluación brutal del peso o el recorte en los subsidios a la energía y el transporte.
Poco después se sacó de la manga dos instrumentos de drástico recorte y ambiciosa reformulación de la estructuras del Estado: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que contiene más de 300 medidas para desregular la economía, y la 'ley ómnibus', un paquete con cientos de cambios en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral que incluye, por ejemplo, la venta de las empresas estatales.
Todo ello ha ido caldeando el ambiente en las calles, hasta el punto de que la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó para este miércoles un paro general, el más tempranero en un mandato en la historia reciente de Argentina, al que se sumaron amplios sectores del peronismo.
Para poder concretar tamañas iniciativas requiere de la complicidad del Congreso, donde su partido La Libertad Avanza (LLA) cuenta solo con 38 de los 257 diputados y 7 de los 72 senadores. En la Cámara tiene otros cuatro aliados dispersos.
El "centrao criollo"
Entre la maraña de partidos con representación parlamentaria figura un bloque, calificado por la prensa de "oposición dialoguista" y por el gobierno de "oposición razonable", que con sus 94 diputados tiene en sus manos resolverle la papeleta al mandatario.
Está formado por tres partidos: Propuesta Republicana (PRO), del expresidente conservador Mauricio Macri; el centrista Unión Cívica Radical; y la coalición Hacemos Coalición Federal, integrada entre otros por los llamados peronistas federales, no kirchneristas.
El analista político Carlos Pagni definió ese bloque como "el centrao criollo", que emula al "centrao" brasileño, el poderoso grupo transversal de legisladores llamados "fisiológicos", sin ideología definida, que dominan desde hace décadas la política de Brasilia, apoyando o deponiendo a presidentes en función de sus intereses.
"En el Congreso argentino asoma un animal de esa misma especie. Es un conjunto de legisladores que descubrió la oportunidad que ofrece la vulnerabilidad parlamentaria del Presidente", escribió.
Esas tres bancadas, a su criterio, "son la llave" de Milei, pese a las "contradicciones internas que cobija cada una" en relación al mandatario libertario.
"No hemos cedido en nada"
El kirchnerismo y sus aliados en Unión por la Patria, junto con Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que son la oposición dura, completamente opuesta a Milei, suman 107 diputados.
El apoyo de los "dialoguistas" a Milei no le está saliendo gratis al presidente, que busca aprobar en la Cámara esta semana la 'ley ómnibus'.
Por ahora, tras intensas semanas de negociaciones, le recortaron más de 100 puntos de la ley para garantizarle un dictamen favorable. Eso supone, por ejemplo, dejar a la estatal YPF fuera de la lista de privatizaciones, disminuir el periodo de "emergencia pública" para dotar al Ejecutivo de facultades legislativas, o cambiar el financiamiento previsto para las pensiones.
En su nuevo borrador del texto, el gobierno dijo los cambios responden a un debate "sano" con los partidos y a una "amplia deliberación ciudadana". El texto será discutido este martes en comisiones y luego en sesión plenaria, lo que el presidente espera que ocurra el jueves.
"Nosotros no cedemos nada, hay mejoras", comentó el mandatario Javier Milei el lunes, en entrevista con radio Roc&Pop.
Si el paquete legislativo se estanca en el Congreso, el Gobierno contempla emitir un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o convocar a un referéndum.