El denominado 'plan C' del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para transformar el sistema de impartición de justicia contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros, una polémica propuesta que, según los partidos políticos de oposición, busca que el oficialismo "tome el control" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para López Obrador, en cambio, no es sino un último intento de transformar de fondo uno de los poderes "al servicio del viejo régimen" y que, hasta el momento, ha sido un obstáculo para profundizar los alcances de su proyecto político.
Los desencuentros entre AMLO y la Corte
Ya instalado en el Palacio Nacional, una de las primeras iniciativas enviadas por López Obrador fue la relativa a disminuir los sueldos de los altos funcionarios de la administración pública, entre ellos, los ministros de la Corte.
La iniciativa de reforma establecía como sueldo tope la remuneración del presidente. Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte, así como los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), no acataron a cabalidad la reforma.
Inconforme con la decisión de la mayoría de los ministros, cuando hubo oportunidad de renovación de alguno de sus integrantes, López Obrador buscó colocar a un allegado con el objetivo de incidir en la toma de decisiones.
Fue así como el mandatario logró colocar en diciembre de 2019 a Ana Margarita Ríos Farjat, quien formaba parte del equipo de Alfonso Romo, empresario que en ese momento era jefe de la Oficina de la Presidencia.
La influencia del presidente sobre la Corte a la postre, sin embargo, se vería socavada.
Y no solamente Ríos Farjat. Meses antes, Arturo Zaldívar, hoy asesor de la precandidata presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum, habría recibido un espaldarazo desde el Palacio Nacional para convertirse en presidente del máximo órgano del Poder Judicial en enero de 2019, cargo que ocupó hasta 2022.
La influencia del presidente sobre la Corte a la postre, sin embargo, se vería socavada. Fue a partir de la designación de un nuevo ministro presidente que AMLO ya no logró colocar a una figura allegada a su proyecto político.
El presidente propuso a Yasmín Esquivel para ocupar la presidencia del máximo tribunal constitucional, pero sufrió un duro revés.
Esquivel se vio envuelto en un escándalo mediático luego de que se dieran a conocer indicios de que su trabajo profesional para obtener su título de licenciatura (tesis) había sido plagiado.
Luego de que la postulación de Yasmín Esquivel fuera descarrilada, Norma Piña se perfiló como una de las cartas más fuertes para relevar a Zaldívar. No obstante, Piña no gozaba de las simpatías del mandatario mexicano.
A la postre, Norma Piña resultó designada presidenta de la Corte y, desde entonces, no han sido pocos los encontronazos con quien despacha desde el Palacio Nacional.
La controversia sobre el rol del Poder Judicial
Entre quienes rechazan la propuesta del presidente, de que sean los ciudadanos quienes elijan a los integrantes de la Suprema Corte, se argumenta que la elección de los perfiles más destacados para ocupar estos puestos solo debe estar sujeta a criterios técnicos, no de popularidad.
No obstante, quienes defienden la iniciativa presidencial, sostienen que la elección de los ministros de la Corte, en realidad siempre ha estado sujeta a la negociación (y cobro de cuotas) entre los partidos políticos dominantes. En este sentido, explican, la Corte siempre ha estado "politizada".
Dado el alto nivel de aceptación del Gobierno, de aprobarse una iniciativa en la que los jueces, magistrados y ministros estén sujetos a elección popular —a partir de la conformación de una terna—, existe una elevada probabilidad de que los perfiles propuestos por el oficialismo resulten ganadores.
De esta forma, acusa la oposición, el Gobierno de la autodenominada 'Cuarta Transformación' pasaría a "tomar el control" de la Suprema de Corte de Justicia.
Existe una elevada probabilidad de que los perfiles propuestos por el oficialismo resulten ganadores.
Y con "una Corte a modo", aseveran, el Gobierno tendría prácticamente el "camino libre" toda vez que, en materia de aplicación de la ley, el Poder Judicial ya no actuaría como un contrapeso, sino como un aliado.
Entre tanto, para la administración del presidente AMLO, "democratizar" el Poder Judicial representaría otro golpe contra lo que considera un "régimen de corrupción y privilegios" que hizo del Gobierno un "comité al servicio de una minoría rapaz".
Para la oposición, en cambio, el hecho de que perfiles afines al oficialismo sean mayoría dentro del máximo órgano de impartición de justicia, abonaría el camino para instalar, en definitiva, un "régimen de partido único", donde ya no exista una auténtica división de poderes.
De acuerdo con Zaldívar, expresidente de la Corte, y hoy asesor de Sheinbaum, las resoluciones de este órgano de justicia obedecen a la forma en que se interpreta la ley. Y esa interpretación, asegura, tiene que ver con una "ideología" y con una "visión de país".
En lo que va del primer sexenio de la 'Cuarta Transformación', asevera Zaldívar, la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en un "grupo opositor" al Gobierno y "aliado a causas conservadoras".
Mientras que, durante gobiernos anteriores, la Corte no invalidó las reformas a la Constitución, Zaldívar recuerda que, durante el mandato de AMLO, los criterios se han hecho cada vez más "rígidos" de tal forma que, en la actualidad, prácticamente se anula cualquier proceso legislativo.
En este contexto, el exministro considera que esta y otras instituciones del sistema de impartición de justicia deben ser objeto de una reforma profunda, una encomienda en la que ya trabaja.
Implicaciones de cara a la sucesión presidencial
La propuesta de reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador es un tema pendiente que tiene implicaciones en el ámbito electoral de este año.
Los dirigentes de Morena se han dedicado a insistir que, además de ganar la Presidencia, resulta clave hacerse de la mayoría calificada en el Congreso.
De cara a los comicios, quien se perfila como candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, ha venido insistiendo en la necesidad de materializar una reforma profunda de todo el sistema judicial.
Para conseguir el denominado 'plan C', esto es, una iniciativa de reforma impulsada a partir de la derrota de la propuesta original, los dirigentes de Morena se han dedicado a insistir que, además de ganar la Presidencia de la República, resulta clave hacerse de la mayoría calificada en el Congreso.
Y es que, para conseguir la aprobación de reformas a la Constitución, se requieren de por lo menos dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados y el Senado.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque ganó con una amplia ventaja la elección presidencial en 2018, no logró obtener los votos suficientes para hacerse de la mayoría calificada; únicamente pudo conseguir la mayoría simple, con lo cual, si bien logró garantizar la aprobación del presupuesto federal, no pudo hacerse de la potestad para aprobar reformas a la Constitución.
Por lo tanto, el Gobierno de López Obrador se vio obligado a negociar con la oposición. Y fue gracias a los votos de algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano que logró aprobarse, por ejemplo, la reforma que dio origen a la Guardia Nacional.
Sin embargo, en el camino quedaron pendientes las reformas constitucionales en materia eléctrica, político-electoral y judicial. Ante su derrota en el Congreso, el Gobierno de AMLO enviaría iniciativas para modificar normas secundarias, no obstante, se vio imposibilitado de concretar cambios de fondo.
Hasta la fecha, durante sus mítines, Sheinbaum ha hecho hincapié que una reforma profunda del Poder Judicial será una de sus prioridades en caso de ganar las elecciones.
Al igual que López Obrador, considera que el Poder Judicial se ha convertido en uno de los lastres que obstaculizan continuar con el proceso de transformación.
Sheinbaum ha hecho hincapié que una reforma profunda del Poder Judicial será una de sus prioridades en caso de ganar las elecciones.
El próximo 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, López Obrador tiene previsto enviar un ambicioso paquete de reformas a la Carta Magna, el último antes de concluir su mandato.
Entre estas reformas, se contempla presentar una nueva propuesta relativa al Poder Judicial que, según lo adelantado por el propio mandatario mexicano, retomará la idea de que jueces, ministros y magistrados estén sujetos a elección popular.
Los partidos de oposición, por su parte, han anticipado que rechazarán una reforma de este tipo, con lo cual, la propuesta prácticamente se da por muerta incluso antes de ser presentada.
Dada esta situación, analistas consideran que la de López Obrador es más bien una maniobra política para intervenir en el proceso electoral de forma indirecta y, de paso, proponer a Sheinbaum una agenda legislativa.
De acuerdo con esta perspectiva, el objetivo del mandatario mexicano sería, por un lado, descalificar a la oposición ante la opinión pública y, por otro lado, destacar el imperativo de conseguir la mayoría calificada en la elección del 2 junio de este año.
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