La 'ley ómnibus' propuesta por el presidente de Argentina, Javier Milei, quedó envuelta en un escándalo debido a las irregularidades que ha tenido su tratamiento parlamentario, a lo que se han sumado cruces y denuncias entre legisladores y funcionarios.
El miércoles, horas antes del paro general que incluyó una movilización masiva en todo el país, tres comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen de mayoría de la controvertida ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue rebautizada como 'ley ómnibus' porque abarca cientos de leyes que minimizan al máximo el papel del Estado e imponen políticas de ultraderecha.
Desde el Gobierno celebraron el aval a su proyecto y confiaron en que se discutiría en el pleno de la Cámara de Diputados entre jueves y viernes; y que, en caso de ser aprobado, finalmente pasaría para su ratificación o rechazo en el Senado.
Sin embargo, con el correr de las horas el clima optimista cambió en el oficialismo porque se dieron cuenta de que la ley podría terminar siendo rechazada, lo que representaría un fracaso para Milei.
El temor se debió a que el dictamen obtuvo la firma de 55 diputados, pero 34 de ellos lo hicieron "en disidencia", lo que significa que no están de acuerdo con todo el contenido de la iniciativa y que, ya en la sesión plenaria, podrían impugnar cientos de artículos en lo particular que harían peligrar toda la ley.
De esta forma, en realidad la 'ley ómnibus' llegaba al recinto con un magro aval de 21 legisladores oficialistas, pero sin el respaldo total de la oposición "dialoguista", cuyos votos son cruciales en el pleno de la Cámara de Diputados, en donde el partido de Milei sólo tiene una bancada minoritaria de 48 escaños.
Por eso, el Gobierno decidió postergar la sesión hasta el martes próximo, con la intención de ganar tiempo y convencer en estos días a los opositores que se resisten a votar el proyecto.
En ese afán, la estrategia del oficialismo se ha basado en amenazas.
"Extorsión"
Después de que la 'ley ómnibus' se aprobó a marchas forzadas en comisiones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, amenazaron a los gobernadores con recortar los fondos que el Estado nacional distribuye entre las provincias.
Fue una manera de presionarlos para que, a su vez, obliguen a los diputados de esas provincias para que voten en favor de la ley.
"(Si la ley no se aprueba) vamos a seguir con el ajuste de las cuentas públicas, hay que tener en claro que se va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se les pueda ocurrir", advirtió Adorni.
"Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza", avisó Caputo a sabiendas de que justamente esa es la principal acusación contra el Gobierno.
Este jueves, el propio Milei lo confirmó de manera más contundente: "Los voy a dejar sin un peso", dijo en referencia a los gobernadores durante una reunión de Gabinete que reportó el diario Clarín [solo para suscriptores].
La posición del Gobierno fue cuestionada incluso por opositores "amigables" que están dispuestos a votar a favor de la 'ley ómnibus' pero que piden más cambios a los que ya accedió el Gobierno, que aceptó reducir 141 artículos con respecto a la propuesta original.
Uno de los más duros fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien enfrentó a Caputo.
"El ministro de Economía, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar (extorsionar) a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos", escribió.
Pero Caputo no se amilanó y redobló la apuesta. "Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) que estaba caído y estábamos al borde del 'default'", dijo en un mensaje en el que ratificó que, si la ley se rechaza, habrá menos recursos para las provincias.
Denuncias
Más tarde, el ministro sumó insultos, lo que ya es un sello de este Gobierno, ya que el presidente y otros políticos oficialistas suelen agraviar en sus discursos y en las redes sociales a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos.
"De colección este discurso, desenmascarando a los hipócritas de siempre que solo saben gritar y prepotear", escribió Caputo al postear un fragmento de la sesión de comisiones en que se discutió la 'ley ómnibus'.
En medio de los cruces del Gobierno con la oposición, periodistas que cubren la Cámara de Diputados denunciaron que, 14 horas después de haber sido aprobado, todavía no se conocía el dictamen, lo que es una irregularidad porque se trata de documentos públicos que suelen distribuirse enseguida, después de haberse firmado.
Las preguntas que comenzaron a viralizarse en redes sociales acerca de dónde estaba el dictamen y, sobre todo, qué decía, viró en escándalo luego de que el portal La Política Online aseguró que 55 diputados oficialistas y aliados habían firmado un documento sin leerlo y que se siguió redactando en la casa de un operador político después de haber sido aprobado, lo que es ilegal y, por tanto, podría declararse nulo.
"Ninguno conocía lo que estaba firmando, es un tema grave institucional y políticamente, ha sido una actitud vergonzosa" acusó Germán Martínez, presidente de la bancada opositora Unión por la Patria (peronismo), quien también denunció la "vocación de extorsión infinita" mostrada por el Gobierno para amenazar a los legisladores y a los gobernadores.
Las versiones fueron confirmadas por diputados que reconocieron que, después de aprobarse el dictamen oficialista, los convocaron a reuniones "inusuales" supuestamente para trazar "una hoja de ruta" del debate parlamentario; o que, cuando leyeron el documento final, era diferente del que habían avalado.
"Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado", reveló el diputado Carlos Gutiérrez.
El diputado Oscar Agost Carreño, por su parte, admitió que, después de firmar, desde el oficialismo lo invitaron a una reunión afuera del Congreso, a la que acudió pero luego se retiró cuando descubrió que se trataba de cambiar el dictamen que había sido aprobado.
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