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Supremo de Venezuela publica sentencias de opositores inhabilitados para cargos públicos

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Las decisiones del máximo tribunal venezolano se dan "en el marco del Acuerdo de Barbados" firmado entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición radical.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela publicó este viernes las sentencias que definen la situación jurídica de varios políticos del sector más radical de la oposición de ese país, que habían sido inhabilitados por la Contraloría General y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con el máximo tribunal venezolano, las sentencias han sido tomadas "cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes, y en el marco del Acuerdo de Barbados", pacto que firmaron las delegaciones del Gobierno y de la facción radical opositora en octubre de 2023 en la mesa de diálogos y con motivo de las elecciones presidenciales de 2024.

El TSJ publicó seis sentencias sobre las demandas de nulidad solicitadas por varios opositores. En el caso de Leocenis Manuel García Osorio, quien estaba inhabilitado por la Contraloría, la Corte decidió habilitarlo "para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar".

La misma medida fue dictada para Richard Miguel Mardo, quien había sido inhabilitado por la Contraloría y el CNE; en beneficio de Pablo Pérez Álvarez, que estuvo inhabilitado tanto por la Contraloría General y por la misma institución del estado Zulia; y a favor de Daniel Omar Ceballos Morales, que también había sido inhabilitado por la Contraloría.

Capriles y Machado seguirán inhabilitados

Entre tanto, el TSJ decidió ratificar la inhabilitación por 15 años impuesta, desde 2017, contra Henrique Capriles Radonski, "por estar incurso" en "irregularidades administrativas" ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre del 2013, en el desempeño de sus funciones como gobernador del estado Miranda.

Además, el máximo tribunal ordenó remitir el expediente de Capriles al despacho del fiscal general, Tarek William Saab, para que investigue "los presuntos hechos graves en que incurrió", "a fin de que determine las sanciones penales a que haya lugar".

Con respecto a la situación jurídica en la que quedaría la ultraderechista María Corina Machado, quien fue inhabilitada por la Contraloría en 2015 a 15 años por presuntos delitos de corrupción y aspiraba a ser candidata en las presidenciales de 2024, el máximo tribunal del país consideró "improcedente" su solicitud y ratificó su inhabilitación.

El TSJ indicó que Machado, además, ha estado involucrada en una serie de acciones contra la República y el orden constitucional, entre ellas, la creación de un Estado paralelo con el llamado "gobierno interino" que encabezó el exdiputado Juan Guaidó  ―prófugo de la Justicia venezolana y residenciado en EE.UU.―.

Asimismo, la Corte señaló que Machado aupó la imposición de bloqueos y sanciones extranjeras al país que se tradujeron en dificultades para adquirir alimentos, medicinas y otros insumos vitales para la población, así como el "secuestro" de recursos y bienes del Estado venezolano en el exterior, entre otras irregularidades que implican traición a la patria.

A mediados de diciembre pasado, Machado introdujo un amparo ante la Corte, como parte del mencionado acuerdo, tras ganar unas polémicas primarias realizadas por el ala radical opositora, que de acuerdo con denuncias de otros sectores de oposición, del gobierno y del Ministerio Público, estuvieron plagadas de irregularidades, tanto en el proceso como en los resultados, motivo por el que el TSJ decidió suspender "todos los efectos" de esos comicios internos.

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