Antiguos líderes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) enviaron una carta al presidente, Gustavo Petro, en la que acusan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de provocar "graves alteraciones" al acuerdo firmado en 2016 entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano, entonces bajo la administración de Juan Manuel Santos.
"Al escribir la presente, queremos exponer ante usted, como jefe de Estado, las que, consideramos nosotros, (son) graves alteraciones al Acuerdo Final de Paz, por parte de la JEP; todo lo cual falta al compromiso contenido en el Acuerdo", dice la antigua cúpula de las FARC en su carta.
La JEP es el mecanismo de justicia transicional, cuya creación fue pactada justamente en el marco de los Acuerdos de Paz. En particular, se encarga de conocer los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles en el conflicto armado interno en Colombia.
"Nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo (a) un terreno judicial punitivista, más propio de un sometimiento a la Justicia", se queja el exsecretariado de las FARC.
De acuerdo con los firmantes de la carta, a la fecha, bajo una serie de "errores" e "incumplimientos graves", de 4.485 solicitudes de amnistía tratados por la JEP, solo se han concedido 688.
Consideran que el accionar de la JEP "afecta y pone en riesgo" el tratado, así como el logro y éxito de procesos de paz en curso. "Es evidente la restrictividad con la que ha venido funcionando el sistema, lo que genera falta de confianza y un alto grado de incredulidad, además de ser violatorio del principio consagrado en el DIH (Derecho Internacional Humanitario) que obliga a los Estados, al final de los hostilidades, (a) otorgar la amnistía más amplia posible", añaden.
También expresan su inquietud por la decisión de la JEP de vincular a exintegrantes de las FARC en las escalas media y baja del mando "a indagaciones sobre hechos específicos del conflicto", lo que consideran que es algo contrario a la idea de "centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los derechos humanos".
Explican que esas acciones "ha disparado las alarmas" frente a la seguridad jurídica de los suscriptores del acuerdo, provocando "desconfianza"; y se traduce en la decisión de "apartarse de los compromisos" del tratado de paz. Según la antigua cúpula de las FARC, esto se evidencia en las cifras de la Agencia para la Reincorporación, que indican "un incremento de firmantes que están regresando a las armas".
"Ya algunos aseguran que la JEP en este momento es la principal causante del aumento de las filas de los grupos armados ilegales y de la violencia", enfatizan.
Por todo esto, advierten que "de persistir la idea de incumplir lo acordado entre las partes en materia de justicia por parte de la JEP, se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción".
La carta está firmada por Rodrigo Londoño, quien era conocido con el alias de 'Timochenko'; Jaime Alberto Parra ('Mauricio Jaramillo'), Milton de Jesús Toncel ('Joaquín Gómez'), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo ('Carlos Antonio Lozada') y Rodrigo Granda, que piden a Petro un encuentro con ellos.
Respuesta de la JEP
Desde la JEP hubo respuesta. El magistrado Roberto Vidal, presidente del organismo, dijo que "todos los comparecientes deben cumplir sus compromisos ante la JEP".
Comentó que aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave con sus compromisos "están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria".
También mencionó que a los firmantes de paz que se sometieron ante ese tribunal "no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional".
Explicó que el propósito principal de la JEP es "el esclarecimiento de la verdad" y "la garantía de los derechos de las víctimas"; y señaló que "la imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia".
El magistrado, además, tachó de "inaceptable" relacionar la deserción del proceso de paz y el retorno a las armas de los firmantes con el trabajo que realiza la JEP.
Vidal considera que la carta del exsecretariado de las FARC es una "opinión" y, por tanto, no constituye una "amenaza" para la JEP; y llamó a la sociedad, a las víctimas, a los organismos internacionales, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno a "rodear" el Acuerdo Final de Paz y velar por el respeto y autonomía de la JEP.
No ha sido fácil
En la carta, los exguerrilleros de las FARC también dicen a Petro que "no ha sido fácil" avanzar en los más de siete años que han transcurrido desde que firmaron el tratado de paz.
"Múltiples dificultades, unas naturales, otras creadas, han obstaculizado el sendero de la anhelada paz para nuestro país", manifiestan.
Asimismo, mencionan que hubo cuatro años "perdidos" para la implementación del acuerdo, en referencia a la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022). A ello suman "conspiraciones, desinformación, estigmatización y, sobre todo, la falta de garantías para la vida y la seguridad de los firmantes de paz", de los cuales, dicen, han sido asesinados 418 hasta la fecha.
También denuncian atentados, amenazas y desplazamientos e indican que la Unidad de Investigación de la Fiscalía, creada en el acuerdo, no ha presentado avances significativos en las investigaciones al respecto, cuestión que ha sido señalada en el último informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
La misiva fue dada a conocer este miércoles, el mismo día en que arriban a Colombia representantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que justamente le hace seguimiento al Acuerdo de Paz.
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