Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia informara este jueves que no había logrado elegir a la nueva fiscal general de la Nación, una multitud de manifestantes se apostó frente a la sede de esta institución en Bogotá, la capital del país, para reclamar a sus magistrados el retardo del proceso para definir la titularidad del Ministerio Público.
La multitud de personas agrupadas en los alrededores del máximo tribunal colombiano, han impedido por varias horas la salida de los juristas que integran la Corte mientras les exigían que elijan a una de las tres candidatas a la Fiscalía que propuso el presidente, Gustavo Petro, desde agosto pasado y que tuvo que replantear en septiembre luego de críticas por parte de la oposición.
Finalmente, los funcionarios judiciales lograron salir del recinto, reportó el diario local El Tiempo. Sin embargo, varios servidores públicos de las diferentes entidades continuaban aún al interior del Palacio.
A través de videos publicados en redes sociales, se pudo observar a los manifestantes bloqueando la salida del estacionamiento del tribunal, donde se encontraba un grupo importante de policías efectuando un operativo de resguardo.
Según el medio local La Razón, los magistrados habrían denunciado que se encontraban "sitiados" por las manifestaciones y tendrían la intención de emitir un comunicado para posicionarse sobre el incidente.
En otra de las grabaciones difundidas más temprano, algunos de las personas que expresan su descontento contra la Corte y sus magistrados, intentaron abrir una cerca que da acceso a la sede judicial, pero luego fueron calmados por otros manifestantes que acuden a la protesta.
Tras alrededor de tres horas de bloqueo del Palacio de Justicia, y después de que fracasaran intentos de disuasión de los manifestantes que bloqueaban el recinto, finalmente miembros de la fuerza pública intervinieron para dispersar a los concentrados utilizando gases lacrimógenos, mientras algunos participantes en la protesta arrojaban piedras y otros objetos a los agentes.
Los ciudadanos colombianos reclaman a la Corte no convertirse en cómplices de la administración del fiscal general saliente, Francisco Barbosa, quien deberá dejar el cargo el próximo 12 de febrero, cuando cumple los cuatro años de su periodo, motivo por el que hoy presentó un balance de su gestión ante los magistrados de la CSJ.
Esto ocasionaría que la Fiscalía General quede bajo el mandato interino o provisional de la vicefiscal Martha Mancera, porque la próxima sesión de los magistrados para definir la dirección del Ministerio Público entre las juristas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón, está pautada para el 22 de febrero, explican medios locales.
La polémica podría extenderse si en el próximo proceso de votación vuelve a repetirse la situación de este jueves, cuando ninguna de las tres aspirantes logró conseguir el mínimo de votos de los magistrados, que por ley serían 16 de los 23 juristas que eligen en la Corte, es decir, la mayoría calificada.
En medio de las tensiones en la sede de la Corte, en las redes sociales, la opositora y directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, instó al presidente Petro a que rechazara el "ataque" al tribunal y diera las órdenes para acabar con la "brutalidad contra la justicia".
A esto, Petro respondió a la comunicadora que en Colombia el único sector "que ataca la justicia es la extrema derecha" y por eso teme que se designe "una fiscal decente" en el Ministerio Público.
Además, el mandatario, quien mientras se desarrollaban estos hechos sostenía un encuentro con los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU, ordenó a la Policía Nacional "actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad" de los magistrados y presentar un informe público para dar a conocer "de quiénes se tratan".
El mandatario solicitó "no producir un enfrentamiento entre justicia y ciudadanía" e indicó que mientras la Corte Suprema "tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente", "la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse".
"Este es un país de derechos y libertades. La protesta del pueblo no es contra la justicia sino contra la mafia que se toma la justicia. La mayoría de la ciudadanía colombiana está por un país de la decencia", agregó Petro.
La Corte se pronuncia
Los magistrados de la Corte reaccionaron a los eventos de este jueves y rechazaron "enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia".
En un comunicado, indicaron que la situación presentada, "además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país".
"La Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia", dice parte del texto.
El tribunal agregó que "es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado".
Entre tanto, la institución exigió al Gobierno nacional "brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas".
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