El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aclaró este martes que la polémica adjudicación del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes "se mantiene suspendida" desde el 23 de febrero pasado.
En un comunicado, leído por el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, se apuntó que el secretario general de la cartera, José Antonio Salazar, "no tenía competencia para revocar el acto administrativo".
Murillo asumió el cargo a principios de mes luego de que el canciller Álvaro Leyva Durán fuese suspendido por orden de la Procuraduría General, precisamente por declarar desierta la licitación, argumentando que se violó la igualdad y equidad en la participación de todos los oferentes. Empero Salazar lo autorizó en una resolución oficial.
Salazar, quien reconoció que "sus actuaciones fueron inconsultas", ahora está bajo investigación por "asumir una competencia retroactiva" y al intentar concretar un contrato por 599.000 millones de pesos (alrededor de 151 millones de dólares) "sin contar con el respaldo presupuestal necesario".
"Se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia", añadió la Cancillería en su texto.
Más temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió de los peligros de que Thomas Greg & Sons, encargado de la producción de pasaportes durante 17 años, obtengan los datos de la ciudadanía.
"Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental", sostuvo.
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