El costoso fraude del que acusan a la pareja de la presidenta de Madrid

La Fiscalía de España acusa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de defraudar 350.951 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021, en plena pandemia de coronavirus, utilizando facturas falsas y empresas pantalla.

El Ministerio Público interpuso una denuncia en el juzgado el pasado 5 de marzo, según recoge en exclusiva elDiario.es, después de que la Agencia Tributaria le enviase las conclusiones de su investigación sobre los dos ejercicios escrutados.

González Amador está acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, en una presunta trama organizada para pagar menos impuestos del enriquecimiento que disfrutó en la época de la pandemia.

El informe de la institución tributaria le imputa un primer delito de fraude fiscal por valor de 155.000 euros en 2020 y otro de 195.951,41 en 2021, además de presentar un total de 15 facturas falsas, que suman 1,7 millones de euros, por servicios que no se prestaron.

Se investigan dos sociedades, ambas propiedad de la pareja de Díaz Ayuso, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, dedicada a la prestación de servicios sanitarios; y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados.

Además, la Fiscalía denuncia a otras cuatro personas, acusadas de emitir las facturas falsas para las empresas de González con el objetivo de ayudarle a defraudar impuestos. La investigación concluye que 1.748.580,63 euros de los gastos presentados fueron simulados y corresponden a servicios que no se prestaron.

Durante el proceso de inspección tributaria, González Amador trató de argumentar que las dos facturas de mayor importe habían sido anuladas, pero lo hizo después de que las pesquisas hubieran confirmado su falsedad.

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado esta mañana tras ser preguntada por periodistas. "Ahora tocaba el novio (...) aquí no ha habido tramas ni nada de lo que se está intentando desde Moncloa", ha afirmado, añadiendo que simplemente se trata de una inspección de Hacienda a un ciudadano anónimo.

Rodeada de denuncias de irregularidades de sus allegados

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha visto salpicada por denuncias de irregularidades económicas de sus allegados desde que accediera al cargo en 2019.

Abren otra investigación a la presidenta de Madrid por muertes en residencias durante la pandemia

El primero de ellos tiene que ver con un préstamo de 400.000 euros que la entidad pública Avalmadrid concedió en marzo de 2011 a una empresa propiedad de los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios.

Tres meses después, la empresa estaba quebrada y en octubre de ese año los padres de la presidenta madrileña les donaron a ella y a su hermano sus principales propiedades, un piso en Madrid y una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El préstamo no fue nunca pagado y no hubo propiedades que embargar con las que responder.

Por su parte, diferentes informaciones periodísticas aseguran que la madre de la mandataria recibió más de un millón de euros y 25 contratos en la Comunidad de Madrid desde que su hija llegó a la Presidencia de la región, la mayoría mediante vía de emergencia, es decir, sin concurso público.

Sin embargo, la polémica más sonada fue la que involucró a su hermano, Tomás Díaz Ayuso. En lo más duro de la pandemia, el pariente se lucró con una comisión de más de 200.000 euros por la venta de mascarillas a la administración que dirigía su hermana.

La polémica provocó un torbellino en el seno del Partido Popular, al que pertenece la política, que acabó con la defenestración de Pablo Casado, entonces presidente de la formación a nivel nacional.