La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), instancia establecida para investigar los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado y reparar a las víctimas, aceptó de forma exclusiva el sometimiento del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a esa instancia.
Con su decisión, la JEP asumirá todas las investigaciones por los hechos ocurridos entre 1989 y 2004, durante el conflicto armado colombiano y cuando ejercía como líder paramilitar; y definirá si lo deja o no en libertad para que asuma su papel como gestor de paz, para el cual fue designado por el presidente del país suramericano, Gustavo Petro, reseñó El Espectador.
Petro calificó de "excelente" esta decisión de la JEP. "Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad", escribió en su cuenta en X.
Asimismo, señaló que "la verdad es la antesala de la reconciliación nacional" y que "la paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad, no a través de la venganza, sino a través de establecer la verdad".
¿Qué implica la decisión?
El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó a Colombia el pasado 27 de febrero, tras ser extraditado desde EE.UU., país donde cumplió una condena por narcotráfico y se mantenía retenido en un centro de migrantes irregulares. Desde su regreso a Bogotá, se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota.
Con la reciente decisión de la JEP, dada por la Sala de Apelación de la institución, se revoca una resolución previa con la que aceptaron el sometimiento parcial de Mancuso a la Jurisdicción Especial.
Asimismo, la medida adoptada significa que su libertad ya no la definirá el Tribunal de Justicia y Paz, la jurisdicción que salió del proceso de paz que negociaron los paramilitares con el gobierno de Álvaro Uribe, explica Caracol Radio.
Esta nueva decisión responde a una apelación hecha por el propio Mancuso en noviembre del año pasado, cuando la JEP lo aceptó como "bisagra", es decir, como punto de conexión entre las AUC y la fuerza pública para cometer crímenes de manera coordinada, pero dejó asentado que el Tribunal de Justicia y Paz seguiría teniendo competencia sobre sus asuntos. Entonces, el exjefe paramilitar aseguró que no tenía sentido seguir en dos justicias especiales por los mismos procesos, porque, según su defensa, le generaba una inseguridad jurídica.
Desde su vuelta a Colombia, Mancuso ha buscado su libertad ante la sala de Justicia y Paz de al menos dos tribunales, uno de Bogotá y otro de Barranquilla.
En Bogotá, a principios de marzo, la jueza Luz Marina Zamora le otorgó la libertad condicionada por cuatro años, dejando claro que seguiría en la cárcel mientras resolvía los demás pendientes con la Justicia.
Mientras, en Barranquilla, el magistrado Carlos Andrés Pérez se pronunció en contra de la libertad a Mancuso frente a 33 medidas de aseguramiento. El juez decidió no reconocerlo como gestor de paz, al considerar que existían "vicios" dentro de la resolución presidencial que lo nombró bajo ese cargo.
Tras ello, se conoció que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidiría sobre la apelación que interpuso el exjefe paramilitar para dejar sin efecto las 33 medidas de aseguramiento preventivo que pesan en su contra, luego de que el Tribunal Superior de Barranquilla accediera a elevar el recurso de la defensa a la máxima instancia judicial del país.