Ceci Flores, presidenta de la organización Madres Buscadoras de Sonora y de México, se disfrazó de beisbolista este martes, como parte de la campaña que encabeza para lograr una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Presidente, soy beibolista, ¿me deja pasar?", señaló en una pancarta que mostró durante el segundo día consecutivo en el que se manifiesta frente a Palacio Nacional.
Flores es una de las activistas más reconocidas en el país, ya que fundó uno de los colectivos que buscan a sus seres queridos desaparecidos con sus propios y escasos recursos, ante la falta de apoyos estatales.
Al igual que miles de mujeres en México, un país en el que hay más de 100.000 personas desaparecidas, la mujer se volvió activista de derechos humanos a la fuerza, cuando su hijo Alejandro Guadalupe fue víctima de desaparición forzada en 2015.
La víspera, Flores acudió a la sede del Gobierno para darle a López Obrador la pala con la que, junto con sus compañeras, escarba en las fosas comunes con la esperanza de encontrar restos de sus seres queridos.
Frialdad
"Vine a tocar las puertas de Palacio para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos", explicó la víspera.
"Que me la deje aquí", dijo de manera escueta López Obrador, al descartar la posibilidad de recibirla personalmente.
El presidente prometió que abordaría el tema de las desapariciones, pero no se refirió al hecho este martes en su habitual conferencia de prensa.
La campaña que lleva a cabo la activista forma parte de la polémica que rodea la relación de López Obrador con los familiares de las personas desaparecidas, ya que de manera sistemática se ha negado a recibirlos.
Hasta ahora, la excepción había sido el caso de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero en los últimos meses el vínculo se rompió ante la desconfianza de padres y madres de las víctimas, y las acusaciones del presidente contra sus abogados y asesores.
Además, el Gobierno también enfrenta una controversia por el censo que realiza para determinar el número de desaparecidos, ya que colectivos de derechos humanos consideran que objetivo es rebajar las cifras antes de que termine su mandato en octubre próximo.