Argentina conmemorará el próximo domingo el 48.º aniversario del inicio de su última dictadura militar en un clima enrarecido porque será el primer Día de la Memoria que se lleva a cabo durante un gobierno negacionista encabezado por el presidente Javier Milei, quien minimiza o justifica los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores.
El ataque a una militante de derechos humanos, la cancelación del programa de las Madres de Plaza de Mayo, la reunión de un ministro con defensores de los represores y la grabación de un spot oficial que relativiza los delitos de los militares son algunos de los episodios que han desatado la alarma en los días previos a la conmemoración.
También se registró un ataque cibernético a una editorial de derechos humanos y se difundieron rumores sobre una posible represión policial a la marcha que se realizará el domingo en Buenos Aires y de supuestos indultos presidenciales a los represores condenados.
Desde que era candidato, Milei negó el número de 30.000 personas desaparecidas que los organismos de derechos humanos establecieron de manera simbólica para evidenciar que no se puede conocer con precisión la cifra porque los militares jamás han confesado en dónde están las víctimas, ni qué les hicieron.
La vicepresidenta Victoria Villarruel tiene un mayor compromiso, ya que basó su carrera política en la defensa de los militares que secuestraron, torturaron y desaparecieron a militantes políticos, activistas de derechos humanos, trabajadores, estudiantes y dirigentes sociales, entre ellos mujeres embarazadas a las que les robaban a sus bebés nacidos en cautiverio.
De hecho, Villarruel visitaba al fallecido dictador Jorge Rafael Videla en prisión y organizaba encuentros con él, además de que escribió un libro en el que intentó equiparar los crímenes de las guerrillas con los de los represores, que es la llamada "teoría de los dos demonios" que pretende hacer creer que hubo una "guerra" entre fuerzas equivalentes.
Sin embargo, la jurisprudencia internacional establece que los delitos que comete el Estado son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Ello ha permitido que, a pesar del tiempo transcurrido, los juicios en Argentina sigan en marcha y que hayan sido condenados cientos de represores.
Temores
Con estos antecedentes, los organismos se preguntan qué medida en contra de los derechos humanos anunciará el Gobierno el domingo para provocar a la sociedad, de la misma manera que lo hizo el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuando desmanteló el Salón de las Mujeres para sustituirlo por el Salón de los Próceres, todos varones.
Entre las alternativas que circularon en las redes sociales, se encuentra el cierre del Espacio Memoria y Derechos Humanos que está ubicado en la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes de América Latina y que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad.
Aunque el Gobierno negó esta posibilidad, lo que sí confirmó son los despidos masivos en la exESMA y en otros centros clandestinos de detención, lo que representa su virtual vaciamiento, ya que operarán con personal mínimo.
Otro rumor es que Milei podría volver a colocar en el Colegio Militar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que el fallecido expresidente Néstor Kirchner ordenó retirar el 24 de marzo 2004, el día en el que pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos durante la represión.
El miércoles por la tarde, la versión más extendida era la de que Milei firmaría un indulto en favor de los cientos de militares de distintos rangos que están procesados o que ya fueron condenados, o, por lo menos, buscar la manera de que los mayores de 70 años cumplan sus penas en prisión domiciliaria.
La Cámara de Casación recordó, sin embargo, que no se puede indultar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad porque es inconstitucional.
El órgano judicial sentó su posición el viernes al ratificar las penas en contra de 19 represores que cometieron delitos en perjuicio de 105 víctimas en cinco centros clandestinos de detención.
Hechos
Más allá de los rumores, se han registrado hechos concretos que han encendido las alertas porque implican un retroceso en materia de derechos humanos en un país que durante décadas supo construir una política de Estado que es reconocida a nivel mundial.
El caso más grave fue el de una militante de la red Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) que el miércoles por la noche fue atada, golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte por dos hombres que ingresaron a su casa y escribieron las siglas VLLC en referencia al lema "Viva la libertad carajo", que popularizó Milei.
Un par de días antes, la editorial Marea, especializada en libros de derechos humanos, sufrió un atentado digital.
En ese momento, el Gobierno ya había suspendido el programa que las Madres de Plaza de Mayo (organización que nació durante la dictadura para buscar a sus hijos desaparecidos) tenían en la televisión pública desde hace 16 años.
Además, las autoridades filmaron un spot en la Casa Rosada en el que participa Luis Labraña, un exguerrillero negacionista que se hizo famoso al difamar a los organismos de derechos humanos, y que se transmitirá en los próximos días.
Otra señal de los tiempos que corren es que Horacio Losito, un represor condenado a prisión e inhabilitación absoluta perpetua, fue homenajeado el mes pasado en la provincia de Misiones por su participación en la Guerra de Malvinas.
El criminal pudo participar de la ceremonia, ya que, cuando asumió Milei, fue beneficiado con la libertad condicional.
A ello se suma la foto que esta semana se tomó el ministro de Defensa, Luis Petri, junto con colectivos negacionistas que militan la libertad para todos los represores.