El Gobierno argentino encabezado por el presidente Javier Milei reculó este miércoles en una de sus principales premisas ideológicas al volver a regular el precio de los servicios privados de salud, conocidos en el país como 'prepagas'.
Manuel Adorni, el vocero presidencial, fue el encargado de confirmar que las empresas tendrán que retrotraer sus cuotas a los valores de diciembre, ajustarlas con base en los datos oficiales de inflación, devolver a los afiliados el monto que pagaron extra durante estos cuatro meses e imponer límites a futuros aumentos.
La decisión refuerza la pelea que el Gobierno comenzó en los últimos días con los servicios privados de salud, a pesar de que fue una medida del propio Milei la que habilitó que aumentaran las cuotas sin ningún tipo de control.
En diciembre pasado, el presidente emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia que desreguló la economía y que todavía sigue vigente porque ya fue rechazado en el Senado pero todavía falta su debate en la Cámara de Diputados.
Dicho documento permitió, entre otras medidas, que las 'prepagas' aplicaran en solo cuatro meses aumentos de hasta el 200 % en un área tan sensible como es la salud, y en medio del duro ajuste aplicado por Milei que está incrementando la pobreza de manera acelerada.
En un principio, el Gobierno lo celebró, porque la desregulación forma parte de las premisas libertarias de Milei, quien considera "héroes" a los empresarios, además de que está convencido de que los mercados se controlan a sí mismos y de que el Estado no debe intervenir de ninguna manera.
Pero, con el paso de los meses, cada vez fue más evidente que el mercado no siempre se regula solo, que las empresas acordaron aumentos en lugar de competir y que las crecientes quejas de los usuarios se estaban convirtiendo en un dolor de cabeza para el Gobierno.
Detalles
Después de la conferencia del vocero, el Gobierno explicó en un comunicado que la nueva política con las empresas privadas de salud resultan de una investigación por "presuntas conductas anticompetitivas" iniciada a mediados de enero de este año.
"La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país", afirmó.
Por ello, agregó, la CNDC ordenó una medida preventiva para que las empresas cesen con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
Las nuevas disposiciones afecta a las firmas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde, las cuales representan el 75 % de la medicina prepaga en el país sudamericano.
Además, se investigará a la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las prepagas, y a Claudio Fernando Belocopitt, quien hasta el martes presidió este colectivo empresarial pero renunció luego de que el Gobierno lo acusara de haber encabezado la cartelización del servicio.
"La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como carteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina", advirtió.