El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió que para poder establecer un posible proceso de diálogo que permita resolver el conflicto con la minera canadiense First Quantum Minerals, es transcendental que la compañía extranjera suspenda los arbitrajes internacionales contra el Estado panameño.
"Para que se considere hablar del tema minero esos arbitrajes se tienen que suspender. No me voy a sentar en la mesa con un foro abierto, creo que en Miami, donde nos tienen demandados", expresó Mulino durante una entrevista que ofreció el jueves al medio local Panamá en Directo.
Mulino comentó que actualmente no maneja "una propuesta" sobre el tema, pero "lo único" que tiene claro es que no se va a repetir un contrato "plagado de inconstitucionalidades" como el que se aprobó y que causó protestas en el país; y mucho menos será usado como referencia para una eventual negociación sobre el cierre del yacimiento.
"Lo que tengo claro es el concepto de propiedad panameño", por eso, añadió, "la mina será abordada muy responsablemente y espero lo mismo de la contraparte, y que no se olviden que el gobierno es dueño, y como dueño de esa concesión prevalecerá el criterio de propiedad estatal, sobre esa base podemos conversar".
El mandatario electo resaltó que según expertos que ha consultado, lo ideal es que se logre "un buen acuerdo de abrir para cerrar", debido a que se necesitan sacar "los flujos" que quedaron en la mina, donde aún hay "millones de dólares en productos", para así iniciar formalmente la organización de su cierre.
"Lo cierto es que como está (la mina) es un riesgo muy grande para toda la biodiversidad, la ecología (...) es un riesgo muy grande dejar eso ahí (...) cualquiera que sea la solución no pasa por otro contrato, el esquema tiene que cambiar", expresó Mulino, quien además comentó que en la zona donde está la mina hay un puerto que está inutilizado y una termoeléctrica apagada que puede generar 300 megavatios para dar energía al país.
El conflicto
A finales de febrero pasado, la firma canadiense informó que reclamará 20.000 millones de dólares al Estado panameño, mediante un arbitraje internacional, luego de que se ordenara el cierre de la mina de cobre que esta empresa operaba a través de su subsidiaria Minera Panamá.
Esa cantidad, dijo el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, representa el "valor mínimo" buscado por la empresa en el proceso de arbitraje, en virtud de un acuerdo de libre comercio entre Canadá y Panamá, según cita Bloomberg.
Por su parte, el Consejo de Gabinete de Panamá aprobó las medidas administrativas para implementar de forma ordenada el cierre definitivo de la mina, cuyos pasos también contemplan una auditoría ambiental del proceso para identificar los riesgos y mitigarlos.
El cierre de la mina de cobre a cielo abierto, que está situada en una zona de bosques tropicales, fue ordenado a finales de 2023 por el Ministerio de Comercio de Industrias, luego de que se registraran fuertes protestas en el país centroamericano en contra de un polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Las manifestaciones también rechazaban la Ley 406, con la que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo había extendido por 20 años las operaciones de la firma en el yacimiento. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad de esa normativa.
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