El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asomó la posibilidad de que asista a Naciones Unidas para denunciar que el Estado colombiano no ha querido cumplir con el Acuerdo de Paz de 2016, establecido entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas, cada tres meses hay que ir, pero esta vez va a ir el presidente y tendrá que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó. No puedo decir mentiras", aseveró durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero.
Sobre las "graves consecuencias" que generaría esa declaración, adelantó que podría conseguir la "incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo" porque se comprometió internacionalmente y "ante la humanidad a cumplir lo que firmó" y no lo ha hecho.
Cada tres meses, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se presenta un informe elaborado por la misión de ese organismo en el país suramericano con el estatus del cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Lo incumplido
Explicó que los acuerdos establecidos entre las partes fueron entregados al Consejo de Seguridad bajo la forma de "declaración unilateral de Estado" que, según aseveró, es vinculante y ha sido incumplida por Colombia.
"Si no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre y más violencia en otras escalas y en otras formas", advirtió.
Petro destacó que tanto en los gobiernos de Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo; de Iván Duque, al que señaló de destruirlo, y el suyo, no se había podido cumplir con tres de los pilares de lo acordado entre el Estado y esa guerrilla.
Las deudas del Acuerdo
Al hacer el balance de las deudas del Acuerdo, Petro se refirió al retraso en la concesión de las amnistías para los excombatientes asimilados a la vida civil. Según dijo, 80 % no han sido entregadas después de 2016.
Asimismo, tampoco se ha avanzado con la reforma agraria, uno de los tres temas básicos para alcanzar el acuerdo ni con la transformación territorial ni la verdad judicial.
Petro ratificó sus críticas al papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional que surgió tras el acuerdo, debido a que en su opinión debería ser un "tribunal de cierre" para que la "verdad" no quede fragmentada entre las distintas instancias que juzgan los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.