El presidente Joe Biden ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones de su entrevista con el fiscal especial Robert Hur —quien optó por no recomendar cargos en su contra por el manejo indebido de documentos clasificados—, bloqueando la publicación de los audios relacionados.
En el informe de Hur, publicado en febrero y que puso fin a un año de investigación, el fiscal concluyó que Biden "retuvo y reveló intencionadamente materiales clasificados después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado". Sin embargo, el mandatario fue eximido de los cargos, entre otras razones, por las "limitaciones significativas" en su memoria. "También hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria", señaló el texto.
De tal manera, este jueves, el fiscal general adjunto Carlos Uriarte envió una carta a los republicanos Jim Jordan y James Comer, presidentes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y del Comité de Supervisión y Responsabilidad, respectivamente. "Le escribo para informarle que el presidente ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones de audio solicitadas y está haciendo una declaración protectora de privilegio sobre cualquier material restante en respuesta a las citaciones que aún no se han presentado", indicó.
"Es una posición de larga data del Poder Ejecutivo sostenida por administraciones de ambos partidos que un funcionario que hace valer el reclamo de privilegio ejecutivo del presidente no puede ser procesado por desacato criminal al Congreso", agregó Uriarte.
Serían utilizadas con "fines políticos"
El fiscal general Merrick Garland fue quien instó este miércoles a Biden a bloquear la publicación de los audios, señalando que "la producción de estas grabaciones para los comités plantearía un riesgo inaceptable de socavar la capacidad del Departamento para llevar a cabo investigaciones criminales similares de alto perfil, en particular, investigaciones en las que la cooperación voluntaria de los funcionarios de la Casa Blanca es sumamente importante".
En otros comentarios, Garland dijo que el Departamento de Justicia había "hecho todo lo posible para garantizar que los comités obtengan respuestas a sus solicitudes legítimas, pero esta no es una de ellas". Sus palabras fueron apoyadas por el abogado de la Casa Blanca, Ed Siskel, quien afirmó que "la ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su posible objetivo: cortarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas".
Siskel también notificó a Jordan y Comer sobre la decisión de Biden, insistiendo en que los republicanos de la Cámara de Representantes podrían utilizar las grabaciones para distorsionar la imagen del presidente. "Exigir al Poder Ejecutivo materiales de aplicación de la ley tan sensibles y protegidos constitucionalmente porque quieren manipularlos para obtener un potencial beneficio político es inapropiado", aseveró.
- En noviembre de 2022, una decena de documentos del periodo en el que Biden fue vicepresidente, entre los años 2009 y 2017, fueron encontrados en su despacho privado en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, un 'think tank' inaugurado en 2018, que gestiona programas académicos y eventos sobre política exterior. Aunque el hallazgo se produjo el 2 de noviembre, unos días antes de las elecciones intermedias, solo trascendió a la prensa en enero.
- A mediados de enero de 2023, desde la Casa Blanca confirmaron que los abogados de Biden descubrieron unos 10 documentos clasificados adicionales en el garaje de su residencia de Wilmington, en Delaware, aunque ninguno de ellos estaba marcado como ultrasecreto. Poco después, se anunció que en la misma vivienda se hallaron otros cinco documentos.
- En noviembre de 2023, el abogado de la Casa Blanca, Richard Sauber, aseguró que Jim Jordan y James Comer realizan la investigación contra Biden para "ganar puntos políticos".