El Gobierno de Perú presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación por un presunto "menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República", Dina Boluarte.
En una resolución ministerial, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, firmada por el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se anunció esta medida en medio de varias investigaciones que afronta la mandataria.
Precisamente Boluarte designó a Adrianzén para que la represente en el proceso y este dispuso que el procurador público especializado en material constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, ejerza la representación del Ejecutivo ante el TC.
Aunque la norma no aclara el motivo exacto por el cual acudirán al TC, se cita un artículo del nuevo código procesal constitucional en el cual se explica que es motivo de conflicto cuando algún poder o entidad estatal "adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro".
Indagaciones
Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022, está indagada por varios motivos e incluso a finales del año pasado la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en su contra por las decenas de muertes ocurridas en protestas antigubernamentales.
Lo más reciente y sonoro es la investigación del Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por el caso Rolex, en el cual se sospecha que usó relojes y joyas de lujo, a cambio de regalías para un gobernador regional.
Curiosamente la decisión de presentar la demanda competencial ante el TC surgió en sesión del Consejo de Ministros, realizada el 17 de mayo pasado, el mismo día que un seminario local reveló que el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, "decidió acusar constitucionalmente" a Boluarte por este hecho.