La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, comunicó este lunes una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
En un mensaje grabado se pronunció en medio del escándalo y pedidos de dimisión en su contra en el marco de una investigación para determinar su presunta responsabilidad en una red criminal.
"Continuaremos con todas las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes", aseveró Benavides, flanqueada por otras autoridades del Ministerio Público. "Mi compromiso con los derechos humanos es más grande que cualquier amenaza o intimidación", añadió.
La denuncia constitucional presentada por la fiscal ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves alcanza a varios funcionarios, incluidos algunos que ya no están en el gabinete, como el exministro del Interior, Vicente Romero.
Sin embargo, la Constitución de Perú blinda a la persona que presida la nación. Según el artículo 117, solo puede ser investigada, mas no acusada por estos delitos.
En el ojo del huracán
Este lunes, la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó varias sedes de la Fiscalía de la Nación luego de que se revelara una serie de mensajes de allegados de Benavides con congresistas de la República.
Están acusados de ejercer influencias ilícitas para lograr la destitución de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, de buscar la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia, y la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.
"Hoy es un día difícil", reconoció Benavides, quien aseguró que personas poderosas intentan "amedrentarla" y pretenden "utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia".
En ese sentido, afirmó que ha sido "objeto de ataques premeditados" por su "lucha contra la impunidad y la corrupción".
Posicionamiento fiscal
Poco tiempo después del pronunciamiento de Benavides, los fiscales supremos titulares, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, le han solicitado su dimisión.
En una misiva a la fiscal de la Nación, divulgada por la prensa local, le pidieron que se separe del cargo "a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución".