La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó este jueves al Estado peruano a suspender el proceso legislativo de un polémico proyecto de ley que "precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra".
En una resolución abocada a los casos Barrios Altos y La Cantuta, que inmiscuyen al expresidente peruano Alberto Fujimori, la Corte IDH dispuso que las autoridades deben detener "inmediatamente el trámite legislativo".
Además, convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública para el próximo 17 de junio.
La semana pasada el Congreso de la República aprobó el dictamen, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 en abstención, por el cual se beneficiaría Fujimori, según las denuncias de la oposición en el pleno y de algunos especialistas. Todavía falta una segunda votación.
Como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estipula la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, buscan declarar nulas toda condena posterior.
La interrupción pedida por la Corte IDH espera que sea "hasta que cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse" sobre una solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que ya fueron resueltos por el órgano internacional.
Antecedentes
En 2022, la Corte IDH exhortó a Perú a mantener en prisión a Fujimori para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las tragedias de Barrios Altos y La Cantuta.
Fujimori, quien fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por estos casos, fue liberado el pasado 6 de diciembre por orden del Tribunal Constitucional en virtud de un indulto que se le concedió debido a su delicado estado de salud.
La propuesta parlamentaria, impulsada por el ultraconservador Renovación Popular y el fujimorista Fuerza Popular, sostiene que "los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de los referidos instrumentos internacionales, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional".