La Fiscalía General del Estado boliviana anunció este miércoles el inicio de un proceso penal contra el ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, y el resto de militares que participaron en el intento de golpe de Estado.
Zúñiga, quien lideró la toma del Palacio Presidencial, ahora enfrenta una investigación por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado.
Sumado a esto, activó una alerta migratoria inmediata para evitar que Zúñiga y el resto de efectivos sublevados puedan salir de Bolivia.
En algunas localidades de Bolivia, donde se han movilizado a favor del presidente boliviano Luis Arce, ya corean consignas contra Zúñiga y exigen su detención.
En su texto, la Fiscalía General del Estado reafirmó su "compromiso de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad en el marco de la preservación" de la democracia boliviana.
Este pronunciamiento ocurre luego de que los militares se retiraran de la plaza Murillo, en La Paz (sede del Gobierno), donde se habían sublevado desde horas de la tarde.
De hecho, medios locales aseguran que Zúñiga partió del lugar en una de las tanquetas que los militares sacaron de los cuarteles para tomar el control del país.