Ucrania se enfrenta a una crisis de liquidez y podría verse obligada a incurrir en la cesación de pagos ante sus enormes deudas el próximo mes, si no consigue negociar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores, reporta The Economist.
En febrero de 2022, los tenedores de bonos le permitieron a Ucrania suspender los pagos de la deuda por dos años en vista del conflicto con Rusia. Sin embargo, este acuerdo expira el 1 de agosto. De acuerdo con el medio, el trato representa el 15 % del PIB anual de Ucrania, lo que significa que, si se hubieran exigido los pagos, habría sido el segundo mayor gasto del país después de la defensa.
El conflicto con Rusia ha asestado un duro golpe a la economía ucraniana, que se ha contraído una cuarta parte desde el inicio de las hostilidades, mientras que el banco central está acabando con las reservas de divisas del país. La ratio de deuda sobre el PIB se acercará al 94 % a finales de este año, a pesar del "impresionante" apoyo de los aliados de Occidente, que se presenta, en gran medida, en forma de "artillería, tanques y fondos asignados, en lugar de efectivo", señala el artículo.
"Ucrania dispone de un mes para evitar declararse insolvente", asevera el medio, y añade que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está dispuesto a negociar un plan de condonación de la deuda, pero es improbable que se alcance en el tiempo disponible.
El mes pasado, el Gobierno ucraniano no logró llegar a un acuerdo con un grupo de inversores sobre la reestructuración de unos 20.000 millones de dólares de su deuda internacional. Kiev pretendía reducir sus obligaciones en el 60 % de su valor actual, pero los acreedores se negaron afirmando que el 22 % era "más razonable". Sin embargo, el FMI asegura que incluso con un arreglo "tan drástico" como el que propone Ucrania, el país apenas podría sobrevivir.
Según el medio, Ucrania ahora solo tiene dos opciones: conseguir una prórroga de la suspensión de pagos hasta 2027 o declararse insolvente. "En cualquier caso, los pagos ucranianos no se reanudarán", añadió, explicando que esto reflejaría "una preocupante falta de confianza de los inversores privados en el compromiso de Occidente", y a largo plazo, podría significar un desastre para la recuperación del país.