El Congreso de la República peruana aprobó este jueves, en segunda votación, el proyecto de ley que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
En una decisión exprés, prácticamente sin debate, la Comisión Permanente completó este proceso con una votación nominal en la que 15 legisladores estuvieron a favor y 12 en contra.
La única parlamentaria que se pronunció en la sesión semipresencial fue Isabel Cortez, de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, y lo hizo en sentido crítico.
"Se está queriendo borrar toda nuestra historia", aseguró Cortez. "No debería ser aprobado porque tiene nombre y apellido", añadió sin referirse a ninguna persona en específico.
En cambio, varias organizaciones de derechos humanos han denunciado que beneficiaría al expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Y, de hecho, su abogado ya adelantó que, en caso de ser promulgada, se acogerán a la norma.
El dictamen, avalado en primera votación el mes pasado, ahora será remitido al Ejecutivo para su revisión. La presidenta Dina Boluarte puede observarla o sancionarla.
Desatención internacional
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estipula la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002. Por lo tanto, con el proyecto de ley aprobado esta jornada buscarían declarar nulas las condenas previas a esa fecha.
Diversos organismos internacionales se han manifestado en contra de esta iniciativa. La última fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que requirió al Estado peruano a no otorgarle vigencia al proyecto de ley.
Una medida que tomó "a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas" de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión. Luego, en diciembre de 2023, fue excarcelado por motivos de salud.
"Teniendo en cuenta lo pronunciado por la corte internacional de derechos humanos, en contra", votó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, en contraposición al resto de la mesa directiva.
En la víspera, el jefe del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, se mostró "absolutamente indignado con lo resuelto por la Corte IDH". En conferencia de prensa lamentó que se dictara una medida cautelar contra un dictamen.
"Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un país miembro y soberano a impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente les han sido atribuidas", reprochó.