La Cámara de Diputados de Argentina debatirá este miércoles las sanciones que recibirán los legisladores oficialistas que visitaron y apoyaron a represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).
El debate está precedido por el nuevo escándalo que se generó el martes por la noche, cuando se viralizó la foto en la que los diputados que representan al presidente Javier Milei posan sonrientes con los criminales que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de víctimas.
La imagen, que había permanecido inédita, muestra a Beltrán Benedit (organizador del encuentro), Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde, diputados de la bancada oficialista La Libertad Avanza, el partido fundado por Milei.
Junto con ellos están el excapitán de navío Alfredo Astiz, uno de los personajes más temibles de la dictadura; el exoficial de la Armada Adolfo Donda; y el exmarino Carlos Suárez Mason.
La lista de los represores que recibieron el apoyo de los diputados mileístas la completan Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz, Marcelo Cinto Courtaux, Gerardo Arráez, Mario Marcote, Manuel Cordero, Miguel Britos y Julio César Argüello.
Entre todos, los criminales acumulan cadenas perpetuas y decenas de años de prisión por los delitos que cometieron en los centros clandestinos de detención y que, además de los secuestros y desapariciones, incluyen la apropiación de niños, violaciones y los "vuelos de la muerte", ya que arrojaban vivas a las víctimas al mar.
Crisis sin fin
En la foto solo faltan la diputada Rocío Bonacci, que formó parte de la comitiva; y algunos represores, entre ellos Antonio Pernías y Alberto Eduardo González, un excapitán del Ejército que también está preso y es cercano a Victoria Villarruel, la vicepresidenta argentina, que comenzó su carrera política hace dos décadas, cuando pedía la liberación de los represores condenados.
La visita, que se realizó el pasado 11 de julio, se transformó en una grave crisis política para Milei porque no solo involucra a los diputados que acudieron al penal de los represores, sino al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien autorizó el viaje en vehículos oficiales.
También es señalada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debido a que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal que colaboró para propiciar un encuentro que fortalece las políticas de Milei en contra del proceso de memoria, verdad y justicia que se ha llevado a cabo en el país sudamericano.
La visita se trató de un hecho sin precedentes desde que Argentina recuperó la democracia, ya que los represores nunca habían sido visitados por dirigentes partidarios ni representantes de ningún poder del Estado.
Además, el objetivo central es promover su liberación con el pretexto de que son víctimas de "venganzas", de que los juicios supuestamente fueron irregulares, o de que, por su edad, la mayoría de ellos ya merece cumplir prisión domiciliaria.
¿Sanciones?
Con el paso de las semanas, el escándalo ha ido en aumento. El lunes, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una audiencia con organismos de derechos humanos que repudiaron la visita, así como las intenciones del Gobierno de promover la impunidad de los represores. Además, exigieron la destitución de los diputados que fueron al penal.
Al día siguiente apareció la foto que generó una nueva ola de repudio, mientras en el Congreso seguían las negociaciones para determinar qué harán con los diputados.
La oposición conformada por los bloques de Unión por la Patria (peronista) y el Frente de Izquierda quiere que se cree una comisión investigadora que dictamine sanciones.
De manera inaudita, una de las diputadas involucradas, Lourdes Arrieta, presentó el martes un proyecto en el mismo sentido de la oposición, es decir, para que se le investigue a ella misma.
Por el contrario, las bancadas oficialistas de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio pretenden que solo haya una declaración de repudio para que la crisis política termine hoy mismo, pero todavía no tienen garantizados los votos para que ello ocurra.