El Gobierno argentino quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que un grupo de diputados oficialistas visitara en la prisión a emblemáticos represores condenados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura militar (1976-1983).
Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci son los seis diputados de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, que acudieron al penal de Ezeiza, ubicado en las afueras de la capital.
La visita se realizó el 11 de julio, pero recién se conoció esta semana gracias a una nota publicada en el portal La Política Online. Es un hecho sin precedentes desde que Argentina recuperó la democracia, ya que los represores nunca habían sido visitados por dirigentes partidarios ni representantes de ningún poder del Estado.
Entre los condenados que recibieron a los diputados, se encuentran siniestros personajes de la historia del país sudamericano que tuvieron un papel protagónico en masivas violaciones a los derechos humanos como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason y Adolfo Donda.
La sola mención de estos nombres invoca al terror, ya que los juicios de lesa humanidad demostraron que secuestraron, torturaron, ejecutaron y desaparecieron a miles de víctimas, además de que se apropiaron de bebés nacidos en las cárceles clandestinas que operó la dictadura.
Justificación y repudio
El miércoles, cuando la polémica ya inundaba las redes sociales, el periodista Juan Luis González mostró un chat en el que el diputado Beltrán Benedit justificaba tanto la visita como los crímenes de los represores.
"Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un Gobierno constitucional. Lo propuse yo", reveló al advertir que, en los próximos días, emitirán un documento para denunciar "las violaciones de los derechos humanos" de los exmilitares y expolicías condenados, y calificar como "farsa" los juicios.
"Quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio", agregó, ya que considera que los tribunales argentinos están formados por los "subversivos" contra los cuales peleó la dictadura.
El periodista que reveló el chat lo consideró "escalofriante", ya que el diputado que organizó la visita afirmó que Milei los apoya en su pedido de "justicia" para los genocidas.
Políticos de oposición y colectivos sociales advirtieron que este respaldo a los represores forma parte de la estrategia de impunidad que impulsa el Gobierno de Milei, en particular la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien antes de ocupar cargos públicos visitaba en prisión al fallecido dictador Jorge Rafael Videla.
Memoria
"Nos alarma y preocupa el gesto de algunos diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a criminales de lesa humanidad […] a la vez que su Gobierno vacía las políticas de memoria construidas durante 40 años de democracia para consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia", señaló en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país sudamericano.
"Los genocidas que participaron de la reunión fueron juzgados entre otros crímenes por la apropiación de nuestros nietos, jamás mostraron arrepentimiento sobre sus crímenes ni brindaron información alguna sobre el paradero de nuestros hijos e hijas, ni sobre los 300 nietos y nietas que estamos buscando", recordó.
El diputado opositor Maxi Ferraro explicó que los represores que fueron visitados por los libertarios cometieron "hechos aberrantes" que no prescriben frente a la ley ni frente a la memoria de los argentinos.
"Los diputados que fueron a visitar al asesino de Astiz a la cárcel y lo reivindicaron, deben ser expulsados de la Cámara", propuso el periodista Gustavo López, en tanto que el exministro de Defensa, Agustín Rossi, lamentó que desde el oficialismo quieran liberar a los represores al mismo tiempo que presentan una ley para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad penal.
"El Gobierno debería aclarar el sentido de estas visitas, que van en contra de los principios de la Constitución Nacional", demandó el periodista Alejandro Alfie, en medio de una controversia que todavía no tiene fin.