El Gobierno argentino que encabeza Javier Milei ordenó el desmantelamiento de una parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que se ocupa de investigar el paradero de los bebés apropiados durante la última dictadura militar (1976-1983).
A través de un decreto, el presidente ordenó eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), dependiente de la Conadi.
"División de poderes"
Según argumenta la Casa Rosada en la medida, la existencia de esa unidad dependiente del Ejecutivo "viola la división de poderes", ya que considera que toda tarea de investigación debe quedar en manos del Ministerio Público Fiscal.
"Esta Unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos", señaló en un comunicado el Ministerio de Justicia de la Nación.
"Al crear esta Unidad en el año 2004 y arrogarle la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público", sostiene el texto difundido en las redes sociales.
Tras el decreto, la UEI ya no tendrá la potestad de dirigir investigaciones respecto al robo de identidad, ni acceder a los archivos del Estado para colaborar con la búsqueda de personas apropiadas por las fuerzas militares.
Rechazo de organismos de DD. HH.
La decisión provocó la reacción de diversos organismos y referentes de derechos humanos, que consideran la importancia de todo el trabajo realizado por la Conadi en la recuperación de identidades apropiadas por el último gobierno militar.
Uno de los espacios más afectados por la medida es la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, que junto a Madres han encabezado la lucha por la reparación a las víctimas y la Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.
"Con la eliminación de la UEI, denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar", señala un comunicado que lleva como título: 'No permitamos que la impunidad avance: la lucha sigue'.
Desde Abuelas exigieron al Gobierno nacional que informe "cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad" y criticaron el desfinanciamiento y la eliminación de las áreas que atienden la problemática de los derechos humanos y el derecho a la identidad.
Asimismo, desmintieron el comunicado del Ministerio de Justicia sobre el planteo de la división de poderes. "Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años", afirman en el comunicado.
Visita a genocidas
El reciente decreto de Milei se produce días después del escándalo que provocó la visita de una comitiva de diputados oficialistas a los genocidas condenados y detenidos en la cárcel de Ezeiza, en Buenos Aires.
"Todo hace juego con todo. ¿Algún responsable? Sí, los y las senadoras que votaron la ley de bases otorgándole a Milei la facultad", criticó la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio desde su cuenta de X.
La Conadi fue creada en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2004, el expresidente Néstor Kirchner firmó el decreto 715, el mismo que fue eliminado por Milei. El mismo creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi, y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
Más allá de los argumentos constitucionales y de división de poderes, la medida produce un rechazo esperado por parte de los organismos de derechos humanos. Sobre todo porque la adopta un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, pone en duda la cifra de desaparecidos, y sostiene la teoría de los "dos demonios", que señala que el accionar represivo y asesino de las Fuerzas Armadas respondió al combate de organizaciones políticas armadas de la época, ya prácticamente diezmadas.