El gobernador de Buenos Aires crea una unidad de búsqueda de personas apropiadas por la dictadura

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este jueves que creará una unidad de búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), luego de que el presidente Javier Milei decidiera eliminar un programa nacional. 

El dirigente peronista se reunió con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y tomó la decisión de crear una Unidad Provincial Especializada, para dar apoyo a la organización en la recuperación de identidades. 

"Ayer nos enteramos que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado", dijo el gobernador bonaerense desde la red social X.

En el mensaje, acompañado por una fotografía que retrata el encuentro con Estela de Carlotto, añadió: "Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo".

El Gobierno de Milei desmonta el organismo encargado de buscar niños apropiados por la dictadura

Asimismo, Kicillof aseguró que la gestión que encabeza en la provincia de Buenos Aires seguirá "profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia".

Se trata de una reacción política casi inmediata de uno de los principales referentes de la oposición peronista, que administra el distrito más poblado del país, y que en las últimas elecciones fue reelecto para un nuevo período, a pesar de que los resultados en todo el país favorecieron ampliamente a La Libertad Avanza (LLA). 

Este miércoles, el presidente Javier Milei emitió un decreto por medio del cual ordenó eliminar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), dependiente de la Conadi. 

Según argumenta la Casa Rosada en la medida, la existencia de esa unidad dependiente del Ejecutivo "viola la división de poderes", ya que considera que toda tarea de investigación debe quedar en manos del Ministerio Público Fiscal.  

Más allá de los planteos constitucionales y de división de poderes, la medida causó un rechazo esperado por parte de los organismos de derechos humanos. Sobre todo porque la adoptó un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, y que recientemente organizó la visita de diputados a genocidas condenados y detenidos en una cárcel común. 

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