El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desglosó cuáles habrían sido las estrategias de los dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para perpetrar lo que a su juicio es un golpe de Estado en su contra, a través de los cargos de presunto rebase de los topes de campaña electoral.
En una interacción en X, el mandatario se refirió a los togados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del derechista Centro Democrático, quienes hallaron una supuesta evidencia de gastos de campaña no reportados por 5.355 millones de pesos (aproximadamente 1,2 millones de dólares). Ambos debían presentar la víspera una ponencia que fue prorrogada para el venidero 30 de septiembre, según la prensa.
Petro dividió en tres grupos los alegatos de los togados para demostrar que habría incurrido en irregularidades de financiamiento; aclaró el origen de los fondos y las diferencias cronológicas en el uso de esos recursos.
Las donaciones
En el primer apartado, Petro explicó que todos los partidos políticos reciben donaciones de "empresas muy grandes" antes y durante la campaña, a excepción de las agrupaciones de izquierda, que perciben fondos de sindicatos de trabajadores.
Debido a que la normativa legal colombiana prohíbe que los candidatos accedan a recursos de personas jurídicas, "las donaciones de la USO [Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo ] y Fecode [Federación Colombiana de Educadores] fueron a partidos políticos de izquierda y a sus propias actividades".
Petro hizo referencia al aporte de 126.000 dólares, que hizo Fecode en mayo de 2022, al partido Colombia Humana, que integra la coalición oficial. Según Dagoberto Quiroga, representante de la tolda, los recursos se usaron para pagarle a una firma que revisó los informes de los testigos electorales el día de las elecciones, por lo que no se usaron los fondos en la campaña.
El presidente cuestionó que estos desembolsos se cuenten como si fueran gastos para sus actividades proselitistas, cuando "no hicieron lo mismo con campañas de derechas y sus empresas donantes".
La campaña y el avión
En este punto, el líder del Pacto Histórico aclaró que los medios han reflejado que sus reuniones políticas —previas al lapso estipulado por la Registraduría Nacional para los eventos proselitistas— han sido atribuidas a la campaña, "aduciendo una financiación oscura".
Para ejemplificar, el mandatario se refirió a eventos ocurridos antes o después de la liza comicial como la consulta presidencial o "el festejo de la gente o los testigos electorales", cuando se anunció su triunfo.
El tercer aspecto que tocó es la información de la prensa, que lo presentaba como propietario de un avión que "era pagado con criptomonedas de una tal Daily Corp, cuyos directivos al parecer construían una pirámide de criptomonedas y estaban presos".
Presiones para un golpe
Con respecto a esta polémica, aseveró que uno de los directivos de esa compañía, "presionado en Fiscalía para buscar beneficios jurídicos" acusó al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de campaña de Petro, de haber acordado la compra de la aeronave.
"El mismo CNE recibió declaración de ese directivo donde dice que solo de oídas escuchó esa información. Examinadas las facturas, se demuestra que pusimos como gasto de campaña todas las horas que usamos el avión".
En su exposición, el mandatario sostuvo que los magistrados del CNE, "para hacer ver que se sobrepasaron topes", habrían sumado, sin orden cronológico, los gastos de la primera vuelta con los de la segunda (incluidos los vuelos), con los de la consulta presidencial y los actos posteriores al triunfo.
En opinión de Petro, el órgano electoral, a través de su empresa auditoria, previamente determinó que no había irregularidades "cuando examinó en el tiempo legal" de su campaña y "expidió acto administrativo afirmándolo por lo cual se nos entregó los dineros públicos para pagar los gastos". Sin embargo, atribuyó a "la presión de alguna prensa de ultraderecha" el inicio de otro proceso investigativo para "dar el golpe de Estado".