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Médica de Texas reta en corte la norma de privacidad de abortos de la Administración Biden
La demandante insiste en que el reforzamiento de las protecciones de privacidad para las mujeres que quieren abortar impediría las denuncias sobre posibles abusos.
Una médica de cabecera de la ciudad de Dumas (Texas) presentó este lunes una demanda contra el Departamento de Salud de Estados Unidos en un intento por bloquear una nueva regulación, que entrará en vigor el 23 de diciembre, que reforzaría las protecciones de intimidad de las mujeres que buscan abortar o pacientes que se sometan a tratamientos de transición de género.
Carmen Purl afirmó en su demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Amarillo, que la norma excede la autoridad legal del Gobierno y le impediría denunciar ante las autoridades pertinentes sospechas de abuso, negligencia o explotación de pacientes vulnerables, así como ejercer lo que considera su deber de "proteger la salud y seguridad de un niño no nacido".
De implementarse la nueva normativa, Purl ya no podría reportar ante la Policía casos de pacientes forzadas a abortar ni tampoco de pacientes que abortaran en otros estados del país, así como de menores de 17 años que hayan contraído una enfermedad de transmisión sexual o menores que se sometan o planeen someterse a intervenciones de cambio de género.
Al igual que muchos otros opositores al derecho al aborto, la médica acudió a los servicios del grupo jurídico conservador Alliance Defending Freedom para representarla. El estado de Texas también interpuso una demanda contra la norma, que fue aprobada en abril por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
La orden prohíbe a los médicos y aseguradoras facilitar a las autoridades policiales información sobre la atención sanitaria reproductiva prestada legalmente. Se promulgó en virtud de la autoridad del Departamento de Salud mediante la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad de Seguro Médico de 1996 (HIPAA) para proteger la intimidad de los pacientes. Los infractores pueden ser objeto de sanciones penales, incluidas multas y penas de prisión.
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