La Justicia de Brasil sentenció este jueves a los dos autores confesos del crimen de la concejala Marielle Franco, de 38 años, y su chófer, Anderson Gomes, de 39 años, en Río de Janeiro, informaron medios locales.
Ronnie Lessa fue condenado a 78 años y 9 meses de prisión, mientras que Élcio Queiroz recibió una pena de 59 años y 8 meses. Ambos son exmiembros de la Policía Militar de Río.
Lessa fue quien le disparó a Franco desde un vehículo conducido por Queiroz la noche del 14 de marzo de 2018, en una jornada que conmocionó a Brasil y generó una gran repercusión a nivel internacional.
Casi siete años después fueron juzgados por el 4º Tribunal del Jurado de Río, que inició el juicio el miércoles en medio de una alta expectativa, principalmente de la familia de Franco, que ha liderado los esfuerzos por conseguir justicia.
Lessa y Queiroz, quienes enfrentaban una posible pena de 84 años de cárcel, fueron hallados culpables por doble homicidio, intento de asesinato contra una asesora de Franco que sobrevivió y declaró el miércoles, y recepción de dinero.
Una vez se dio el dictamen, los familiares de la carismática activista por los derechos de la población afrobrasileña se abrazaron mientras lloraban en el tribunal.
Políticos implicados
Lessa y Queiroz fueron arrestados el 12 de marzo de 2019, un año después del homicidio. El lento avance de las investigaciones fue motivo de críticas y numerosas protestas dentro y fuera de Brasil.
En marzo pasado, el caso dio un giro clave. Los hermanos Domingos y Chiquinho Brazao, dos poderosos políticos con larga trayectoria, fueron arrestados y enviados a prisión acusados de ordenar y financiar el crimen.
Además, el exjefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa, también fue encausado como autor intelectual del crimen. Lessa los delató tras alcanzar un acuerdo de cooperación judicial.
Detalló que los dos políticos veteranos le ofrecieron una subdivisión clandestina en la zona oeste de la ciudad carioca, valorada en millones de reales. Franco, en su rol de concejala, había votado en 2017 en contra de un proyecto de ley lanzado por el entonces concejal Chiquinho para regularizar unas construcciones ilegales en la zona oeste.