La ley que prohíbe en el territorio de Ucrania la actividad de las organizaciones religiosas vinculadas con la Iglesia ortodoxa rusa, entre las que, en opinión del régimen de Kiev, se encuentra la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica (UPTs), vulnera el derecho a la libertad religiosa y viola los derechos de los creyentes, según Human Rights Watch.
En su nuevo informe, publicado este miércoles, la organización afirma que la ley firmada por el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, a finales de agosto, es "excesivamente amplia y podría tener consecuencias de gran alcance para el derecho de los ucranianos a la libertad religiosa".
De acuerdo con Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, "el deseo de las autoridades ucranianas de abordar los problemas de seguridad del Estado en el contexto" del conflicto con Rusia es "comprensible", pero la ley "interfiere con el derecho a la libertad religiosa y es tan amplia que podría violar los derechos de los miembros de la Iglesia ortodoxa ucraniana", el mayor organismo religioso del país.
El informe también señala que, aunque la UPTs ha condenado repetidamente la operación militar rusa, así como en mayo de 2022 "tomó medidas para garantizar su independencia y plena autonomía de la Iglesia ortodoxa rusa", Kiev "consideró que estas medidas eran insuficientes" y ha comenzado a aplicar medidas represivas contra la Iglesia canónica, que incluyen detenciones y agresiones contra clérigos y tomas de catedrales, entre otras cosas.
Human Rights Watch insiste en que las autoridades ucranianas "deberían abordar cualquier problema de seguridad relacionado con las actividades de organismos religiosos que amenace la seguridad del Estado [...] en lugar de prohibir de hecho comunidades religiosas enteras basándose únicamente en presuntas afiliaciones con la Iglesia ortodoxa rusa".
"Toda persecución o castigo que no se base en acciones específicas e ilegales, sino únicamente en la adhesión a una práctica pacífica de la fe, constituye discriminación religiosa y está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos", subrayó.
En este contexto, la organización instó al Gobierno ucraniano a suspender la aplicación de la ley y a solicitar a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa que se ocupa de asuntos del derecho constitucional, así como a la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que lleven a cabo un análisis experto de la ley y que permita revisarla, teniendo en cuenta los derechos humanos.