Al cumplirse cinco años de la masacre de Senkata, donde resultaron muertas diez personas, los familiares de las víctimas realizarán un homenaje en la ciudad de El Alto, mientras que la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación porque "aún no exista una sentencia que esclarezca los hechos ocurridos y se identifiquen a los autores".
Al acto en memoria de las víctimas, que fueron asesinadas durante el autoproclamado Gobierno de Jeanine Áñez, se espera que asistan autoridades locales y nacionales a la zona 25 de julio, ubicada en Senkata, recoge El Alteño.
Un lustro luego de estas muertes, los familiares consideran que el juicio está incompleto porque no han sido judicializados todos los responsables.
En la misma línea, la Defensoría manifiestó en un escrito su inquietud porque, a pesar de las recomendaciones de hacer una "investigación imparcial", todavía "no existe una sentencia que esclarezca los hechos ocurridos y se identifiquen a los autores, privando del derecho a la justicia y a la verdad a las víctimas".
A pesar de estos señalamientos, a finales de octubre, el fiscal Walter Lora, según Los Tiempos, aseveró que el juicio del caso Senkata contra Áñez y los exministros Arturo Murillo, Fernando López y otras 15 personas, se encuentra en la "etapa de producción de pruebas". Según el togado, el ente acusador presentó 450 pruebas documentales y pidió declarar a cien testigos.
- El 19 de noviembre de 2019 hubo una operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas para intervenir los bloqueos hechos de quienes protestaban de manera pacífica en contra de Áñez en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, en las adyacencias de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Días atrás, el 10 de noviembre de ese año, se había cristalizado el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
- Entre septiembre y diciembre de 2019, en las protestas antigubernamentales de Senkata, Huayllani (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Betanzos (Potosí), hubo 36 fallecidos y más de 800 heridos. Además, también se registraron detenciones arbitrarias, torturas y represión a la libertad de expresión y reunión, según investigaciones de la Defensoría y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).