Madrid recula tras rechazar recursos para la contratación de 1.000 profesores universitarios

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), ha reculado tras su rechazo inicial a 169,8 millones de euros del Estado para financiar la contratación de 656 profesores ayudantes doctores (PAD) durante seis años.

Según adelanta elDiario.es, tras la polémica, la presidenta madrileña ha dado marcha atrás poco antes de reunirse con los rectores de las universidades públicas de la región, anunciando que sí rubricará el programa que les dará recursos extra para financiar a su personal.

Lo que se sabía era que este miércoles terminaba el plazo para que el Gobierno regional firmara un acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del Programa María Goyri, que tiene como finalidad inyectar fondos a los campus públicos de todas las regiones, asfixiados desde la época de los recortes de hace 15 años.

Sin embargo, la solicitud de adhesión debería pasar por un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no tiene fijado ninguno antes de que expire el plazo, mientras que hasta ahora no se había comunicado al Ministerio la intención de formar parte del programa.

Una de las condiciones para recibir los fondos estatales es que las regiones deben colaborar también en la contratación de más personal. Así, en el caso de la región madrileña, a cambio de los fondos que financiarían la contratación de 656 profesores durante un año, debería contratar a otros 435 PAD, lo que sumaría una inversión de 112,3 millones de euros. La otra condición es que se comprometan a estabilizar al total de los científicos, que son 1.091, hasta el final de sus carreras profesionales.

El Ministerio ha firmado ya este acuerdo con 16 Comunidades Autónomas, es decir, todas menos Madrid, con lo que se conseguirá crear 4.480 plazas de profesor en las universidades públicas españolas, con un coste global de más de 900 millones de euros.

Se trata de un desembolso inédito, ya que las competencias en materia de universidad están descentralizadas y corresponden a las regiones, por lo que sería la primera vez que el Gobierno se hace cargo de manera directa del salario de los profesores e investigadores universitarios.

La ministra pidió la rectificación

La ministra del ramo, Diana Morant, mostró su rechazo a la postura de la administración madrileña y le pidió "encarecidamente que rectifique", en una carta que envió a Díaz Ayuso a la que ha tenido acceso Europa Press y que recogen medios locales.

En la misiva, Morant afirma que "no es comprensible ni explicable una decisión como esta, ya que perjudica gravemente a las universidades públicas madrileñas al perder la posibilidad de incorporar más de 1.000 profesores".

"Las transferencias corrientes de su Gobierno para financiar a las universidades públicas en los 15 años que median entre 2009 y 2024 solo han aumentado un 5 %, cuando el IPC [la inflación] registra un aumento acumulado del 34,9 %", recuerdaba Morant en la carta que dirigió a la presidenta madrileña.