¿Firmas falsas de Boluarte? El nuevo escándalo que sacude al Gobierno de Perú

Las operaciones a las que se sometió la jefa de Estado continúan acarreándole dificultades.

Los 12 días que dejaron al Perú en una especie de acefalía en 2023 por el reposo médico no comunicado oficialmente de la presidenta, Dina Boluarte, siguen arrojando consecuencias a la imagen del Gobierno. Ahora la prensa local ha escudriñado en documentos y encontrado un posible delito.

El semanario Hildebrandt en sus Trece —el mismo que reveló las cirugías estéticas que se realizó Boluarte—, revisó las resoluciones y los decretos supremos que fueron aprobados y firmados entre el 28 de junio, fecha de su última actividad pública, y el 10 de julio de 2023, cuando reapareció con un rostro renovado.

En ese periplo se publicaron dos decretos supremos y una resolución suprema con la rúbrica de la jefa de Estado, según el medio. Unas firmas que "son notoriamente distintas unas de otras", reportó el pasado viernes.

Tres días después, el 9 de diciembre, el perito Augusto Arbaiza recibió en su estudio al programa 'Ocurre Ahora' del canal ATV y desde allí cotejó las firmas, de las cuales encontró "divergencias" que apuntarían a una presunta falsedad.

"Se visualizan ciertas divergencias, como por ejemplo que la letra D se inicia en forma recta descendente, mientras que en la cuestionada se inicia de forma curva", mencionó Arbaiza, entre otras. "Estas divergencias nos permite colegir que la firma en la resolución suprema en su fecha 8 de julio no correspondería a su titular", añadió.

Respuesta inmediata

El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, le contestó al programa que "no existió esa situación de incapacidad porque la presidenta firmó 91 documentos entre decretos de urgencia, supremos y leyes promulgadas por puño y letra de la presidenta".

"No hay ninguna expresión imperativa que señale que la presidenta de la República ante una eventual cirugía tenga que comunicar necesariamente al Congreso de la República", aseveró el letrado, en contraposición a lo que han dicho tanto parlamentarios como especialistas.

De hecho, a causa de esta polémica ya presentaron una denuncia constitucional en contra de Boluarte y la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación.