4 países de la UE se oponen al plan de usar activos rusos para financiar a Ucrania

Instaron a la Comisión Europea y el Consejo Europeo a "seguir explorando y debatiendo opciones alternativas" al uso del dinero ruso bloqueado.

Italia manifestó su desacuerdo, junto con Bélgica, Bulgaria y Malta, con la propuesta de la Unión Europea (UE) de utilizar activos rusos congelados para el financiamiento de Ucrania, según un documento interno consultado por Politico.

El giro de Italia, uno de los países con mayor peso en el bloque, podría complicar las aspiraciones de la Comisión Europea de cerrar un acuerdo sobre esa iniciativa antes de la cumbre del Consejo Europeo, prevista para la próxima semana.

El plan de la Comisión Europea propone usar hasta 210.000 millones de euros (alrededor de 247.000 millones de dólares), principalmente depositados en el banco Euroclear en Bélgica, como garantía para un préstamo destinado a cubrir las necesidades presupuestarias y de defensa del régimen de Kiev en 2026 y 2027.

Este viernes, la UE decidió inmovilizar de manera indefinida esos activos, para eliminar la necesidad de votar cada seis meses la prórroga sobre su bloqueo. Los especialistas consideran que esta medida es un paso previo para poder destinar el dinero ruso a Ucrania.

Voces en contra

Sin embargo, Italia, Bélgica, Bulgaria y Malta emitieron una declaración conjunta instando a la Comisión y al Consejo a "seguir explorando y debatiendo opciones alternativas" al uso de esos activos, argumentando la necesidad de que exista un marco legal claro, parámetros previsibles y riesgos mínimos.

Entre las opciones citadas figura la emisión de deuda conjunta de la UE para financiar a Ucrania. No obstante, los especialistas señalan que este "Plan B" podría aumentar la deuda de Estados como Italia y Francia o requerir unanimidad, lo que abre la puerta a bloqueos de países como Hungría.

La oposición se produce en un contexto de creciente tensión jurídica y política. El Banco Central ruso presentó en Moscú una demanda contra Euroclear, calificando de ilegal el uso de sus activos congelados y prometiendo defender sus intereses en tribunales nacionales e internacionales, mientras que la UE debate los mecanismos para financiar al régimen ucraniano.

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