El Gobierno de Venezuela comentó este jueves el informe presentado por Morris Tidball-Binz, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en relación con la aplicación de "fuerza letal" por parte de EE.UU. contra esa nación suramericana.
El documento alude, entre otros asuntos, a los bombardeos estadounidenses del pasado 3 de enero sobre la Gran Caracas, así como al secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.
"Naciones Unidas ha destacado la urgente necesidad de que los Estados implementen un marco jurídico que respete los principios básicos de la Carta de la ONU. Esto es particularmente relevante ante el uso de la fuerza unilateral e ilegal por parte de EE.UU. contra Venezuela, que ha resultado en más de 100 muertes y en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como los bombardeos ilegales en el Caribe y el Pacífico, que han dejado un saldo trágico de más de 100 muertos, calificados como ejecuciones extrajudiciales por la ONU", escribió en sus redes sociales el canciller Yván Gil.
Respeto al derecho internacional
El diplomático venezolano se refirió asimismo al exhorto de Tidball-Binz a Washington a "respetar el derecho internacional y detener el uso injustificado de la fuerza, tanto dentro como fuera de sus fronteras".
"El derecho internacional no permite a los Estados matar basándose en etiquetas, la percepción de la apariencia de alguien o acusaciones de irregularidades […]. Ya sea en el mar, en el extranjero o en el país, el uso de la fuerza letal debe estar estrictamente limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, y solo puede emplearse como último recurso para proteger la vida", argumentó a este respecto el relator especial.
Tras manifestar "profunda preocupación por las numerosas muertes" causadas por la agresión estadounidense contra la nación bolivariana, Tidball-Binz recalcó que "el uso no provocado de la fuerza armada en el territorio soberano de otro Estado constituye una violación del artículo 2(4) de la Carta de la ONU". Así, sostuvo, "las muertes resultantes de un acto de agresión de ese tipo son arbitrarias por definición".
"El derecho a la vida es inderogable e innegociable", por lo que "los Estados nunca deben normalizar un enfoque de 'disparar a matar', que erosiona los límites estrictos y absolutos que el derecho internacional impone al uso de la fuerza letal", concluyó.
Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro
- Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó el pasado 3 de enero una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York. Los lugares atacados eran de interés militar, donde estaban desplegados aparatos de defensa aérea y sistemas de comunicaciones, aunque también alcanzaron urbanismos y hubo víctimas civiles.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.
- Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, al menos 100 personas murieron en el ataque, incluidos 32 cubanos integrantes del esquema que custodiaba a Maduro.
