Este domingo 1 de febrero, más de 3,7 millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Costa Rica y renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Si ningún candidato alcanza al menos 40 % de los votos válidos, se celebrará una segunda vuelta el 5 de abril.
La elección ocurre en un contexto de alta inseguridad y tensión institucional, con la violencia ligada al narcotráfico entre las principales preocupaciones ciudadanas y el presidente Rodrigo Chaves (que no puede reelegirse pero mantiene un 58 % de popularidad) influyendo desde fuera de la boleta mediante el apoyo a la candidata oficialista.
Un campo fragmentado, pero con favorita clara
Entre los 20 candidatos inscritos, la politóloga Laura Fernández Delgado, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO-centro derecha), aparece como favorita en los sondeos con cerca del 40 % de intención de voto, el umbral para ganar en primera vuelta si se mantiene hasta el 1 de febrero.
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— Centro de Investigación y Estudios Políticos (UCR) (@CiepUcr) January 23, 2026
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) precisa que ese día se eligen 60 cargos: Presidencia y dos vicepresidencias (3) y 57 diputaciones. La votación será de 6:00 AM a 6:00 PM (hora local) y en el país se entregan dos papeletas (presidencia y diputaciones).
El TSE confirmó además 20 candidaturas presidenciales inscritas y publicó la nómina: Además de Laura Fernández, le siguen, con porcentajes muy inferiores, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN - centroizquierda) y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC - socialdemócrata). Otros aspirantes son José Aguilar (Avanza), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Ariel Robles (Frente Amplio).
Aunque el oficialismo encabeza las encuestas con amplitud sobre el resto de los candidatos, el alto porcentaje de indecisos —32 % sobre electores decididos a votar— en la recta final deja abierta la chance de forzar un balotaje definitorio, de acuerdo a un estudio publicado por Radio Universidad (UCR). La encuesta IDESPO-UNA también reportó un 40 % para el oficialismo y mencionó un 35,2 % de personas que dicen que votarán pero aún no definen preferencia.
Continuidad oficialista vs. oposición dispersa
Fernández, exministra de Planificación, exjefa de Gabinete y aliada de Chaves, ha centrado su campaña en continuar las reformas impulsadas por el gobierno actual, incluidos planes de seguridad y apertura económica, así como en promover la cooperación internacional con líderes regionales.
La oposición tradicional, particularmente el PLN, ha enfrentado dificultades para consolidar su base, reflejando una fragmentación política que favorece a la candidata oficialista en esta etapa de la contienda.
La seguridad, en el centro de la contienda
Los comicios se desarrollan con fuertes debates sobre seguridad ciudadana, economía, empleo y reformas institucionales, tras un recrudecimiento de la violencia que ha puesto presión sobre los candidatos para proponer respuestas efectivas.
Los datos oficiales muestran un aumento sostenido de homicidios durante los últimos años del gobierno de Rodrigo Chaves: el 2023 cerró con más de 900 asesinatos, el 2024 con 876 y el 2025 con un total preliminar de 873 homicidios, cifras que superan ampliamente los niveles de 2017 (596), históricamente uno de los años más violentos previos al actual ciclo electoral. Esta tendencia equivale a un promedio de más de dos homicidios diarios en 2025 y ha llevado a la inseguridad a ocupar el primer lugar entre los problemas que identifica la población.
El presidente Rodrigo Chaves, en el poder desde mayo de 2022, ha buscado posicionarse como un líder de "mano dura" frente al crimen organizado, incluso proponiendo proyectos inspirados en políticas de seguridad de países vecinos como El Salvador —por ejemplo, la construcción de la megacárcel CACCO, una prisión de máxima seguridad diseñada para combatir a líderes de crimen organizado y bandas narco en el país—.
Chaves ha instado públicamente a los votantes a respaldar la continuidad de sus políticas y a ampliar el poder del oficialismo en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas profundas, incluidos eventuales cambios constitucionales, un planteo que ha encendido alertas en sectores de la oposición, que lo acusan de exhibir tendencias autoritarias, reportó la agencia Reuters.
En sintonía con esa línea, Laura Fernández prometió seguir el enfoque de Chaves con medidas más duras contra el crimen, en un país sacudido por una ola de homicidios vinculados en gran parte a bandas del narcotráfico. El movimiento gobernante, además, ha resaltado los buenos indicadores económicos del actual gobierno y reivindicado sus vínculos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien presenta como referente en seguridad, así como con la administración de Donald Trump en cooperación antidrogas.
Polémicas en la campaña: acusaciones y ruido mediático
La campaña también quedó atravesada por una polémica de alto impacto cuando la candidata oficialista Laura Fernández acusó al aspirante conservador Fabricio Alvarado de acoso sexual, al relatar un episodio en el que —según dijo— él la arrinconó en una oficina durante una actividad política. Alvarado rechazó las acusaciones de forma tajante, las calificó como "una bajeza" y sostuvo que forman parte de una estrategia de desprestigio en plena recta final electoral.
Este lunes, Fernández generó rechazo en las redes al publicar un mensaje en inglés en X para invitar al magnate Elon Musk a trabajar con Costa Rica en proyectos de innovación, un gesto que buscaba proyectar apertura tecnológica pero que el dueño de Tesla ni siquiera respondió.
El clima electoral también se vio atravesado por una denuncia de alto impacto cuando la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica presentó ante la Fiscalía General de la República una acusación por un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, basada en información de una fuente confidencial y mensajes electrónicos que aludirían al pago de un sicario. El fiscal general confirmó la apertura de la investigación, en un episodio que se conoció a pocas semanas de los comicios y que sumó tensión al cierre de la campaña.
Más allá de quién gane la presidencia, la renovación completa de la Asamblea Legislativa será determinante para la gobernabilidad del próximo período, en un escenario donde ningún partido aparece con chances de mayoría propia y se anticipan negociaciones complejas para aprobar reformas en seguridad, economía y estructura del Estado.
