El 18 de agosto comenzó en Estados Unidos un juicio federal impulsado por una coalición bipartidista de fiscales generales estatales contra Meta*.
Veintinueve estados presentaron la demanda, representados durante el proceso por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Acusan a las plataformas de redes sociales de la compañía de enganchar a los usuarios, recopilar sus datos y ocultar los métodos que utilizan para hacerlo. Según los demandantes, estas plataformas generan adicción entre los menores y perjudican su salud mental.
Aunque el juicio se centra exclusivamente en Meta, TikTok, Snapchat y YouTube también están bajo presión. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook y otros altos ejecutivos ya han sido llamados a declarar ante el Congreso. Tampoco hay que olvidar la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea ni el enfrentamiento entre Elon Musk y el excomisario europeo Thierry Breton por la moderación de contenidos en X.
En todo el mundo se están reforzando los mecanismos de regulación de las plataformas digitales. Los argumentos son siempre los mismos: las empresas no deben situarse por encima de la verdad ni de la ley, es necesario combatir el llamado "discurso de odio", proteger a los niños de la pedofilia y de los trastornos psicológicos, etc.
Pero ¿se trata realmente de la actividad en internet?
¿No es acaso un problema mucho más profundo, arraigado en la propia sociedad? Una sociedad cuya degradación sería el resultado de décadas de propaganda cultural, consumismo, promoción de toda clase de prácticas sexuales y destrucción de la cohesión social.
Es cierto que las redes sociales son herramientas utilizadas para difundir ideas e influir en las personas, y que en ellas circula una enorme cantidad de contenido nocivo. Pero siguen siendo solo eso: herramientas. No son las ideas, ni la ideología, ni las consignas políticas. Son simplemente canales de transmisión del espíritu de una época determinada.
Mucho antes de Meta, TikTok o X, las élites ya promovían su agenda decadente a través de los libros, las escuelas, los discursos políticos, Hollywood y la música: la promiscuidad y la ambigüedad sexual —especialmente entre los jóvenes—, la aceptación de estilos de vida cada vez más baratos y superficiales para las masas, la tolerancia hacia la inmigración masiva organizada, el aborto y la eutanasia, así como la omnipresencia de dispositivos tecnológicos que supuestamente debían conectar a las personas y facilitarles la vida, cuando en realidad las han aislado aún más.
La verdadera batalla: quién controla a la sociedad
El principal argumento utilizado por las fuerzas políticas que se enfrentan a estas plataformas —la protección de los niños— es pura hipocresía. Son esas mismas élites las que han contribuido durante años a corromper a los jóvenes.
La verdadera cuestión detrás de estos procesos judiciales sería la alienación: quién debe ejercerla y quién tiene derecho a moldear las conciencias.
La revolución tecnológica ha creado un nuevo paradigma político. Ahora la confrontación ya no se produce únicamente entre Estados y ciudadanos, sino entre los Estados y las grandes empresas tecnológicas. Por un lado, las élites políticas intentan conservar su poder e influencia; por otro, los gigantes tecnológicos acumulan cada vez más capacidad de influencia.
Podría argumentarse que algo parecido ocurrió durante la Revolución Industrial, cuando los gobiernos tuvieron que adaptarse al creciente peso económico de los empresarios.
Gran parte de la historia moderna puede entenderse como una tensión constante entre dos modelos: uno en el que las personas están al servicio de la economía y otro en el que la economía está al servicio de las personas.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Las grandes tecnológicas poseen algo con lo que los industriales del pasado ni siquiera podían soñar: acceso a los datos personales de miles de millones de individuos y capacidad para influir directamente en la circulación de información y propaganda.
Dos futuros posibles
En esencia, se trata de una cuestión de equilibrio de poder.
El conflicto podría resolverse de dos maneras. La primera sería la creación forzada de una especie de tecnofascismo, donde las empresas tecnológicas queden subordinadas al poder político. La segunda sería la aparición espontánea de un anarco-totalitarismo digital capitalista, donde los políticos acabarían convertidos en meras marionetas de las corporaciones tecnológicas, incluso más de lo que ya son hoy.
Pero, independientemente del resultado, los verdaderos responsables seguirán siendo las propias masas. Porque, después de todo, siempre se repite la misma idea: no se puede detener el progreso.
Como escribió el filósofo francés Jacques Ellul:
"La tecnología moderna se ha convertido en un fenómeno total para la civilización, la fuerza definitoria de un nuevo orden social en el que la eficiencia ya no es una opción, sino una necesidad impuesta a toda actividad humana".
La tecnología ha sido elevada a la categoría de algo casi sagrado. Ya no parece posible controlarla. Y lo más preocupante es que la gente ni siquiera puede imaginar un mundo sin ella. Cuanto más avanza el desarrollo tecnológico, más profunda se vuelve la dependencia.
Por eso, creer que las instituciones políticas podrán cambiar esta situación sería una ilusión. La tecnología seguirá avanzando. Los políticos no pueden detenerla y las masas la reciben con entusiasmo, del mismo modo que aceptan sin cuestionamientos la sociedad decadente que se les ofrece.
Una revolución espiritual, no tecnológica
La única revolución capaz de alterar realmente este rumbo no sería tecnológica, sino filosófica y espiritual. Sin embargo, las perspectivas son poco alentadoras. Como lo formuló en el siglo XVI el pensador francés Étienne de La Boétie: "Los seres humanos tienden a aceptar voluntariamente su propia servidumbre".
La diferencia es que hoy esa servidumbre ya no estaría dirigida hacia un gobierno o un monarca, sino hacia la tecnología misma.
Por Matthieu Buge, colaborador de las revistas l’Histoire y Séance, excolumnista de Le Courrier de Russie y autor del libro La pesadilla rusa.
*Calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.