El fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin, quien en su momento fue calificado por Forbes como el hombre más rico de Asia, ha sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable de diversos delitos financieros, informó la Televisión Central de China. El fallo judicial, pronunciado el 20 de agosto de 2026 por el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, también priva al empresario de sus derechos políticos de por vida y ordena el decomiso de todos sus activos personales.
Según la resolución del tribunal, Xu Jiayin actuaba como el controlador real de Evergrande Group y dirigía de forma directa corporaciones como Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth y Evergrande Nanchang. En el periodo de 2016 a 2021, las firmas y su máximo responsable recurrieron a la falsificación masiva de informes financieros para abultar el valor de sus activos y ocultar deudas reales. Esto les permitió captar depósitos de la población de manera ilícita, cometer fraudes en la recaudación de fondos, emitir valores de forma fraudulenta y ocultar información corporativa crucial para el mercado.
Además, la entidad judicial indicó que el directivo obtuvo el control de instituciones financieras mediante sobornos con el fin de desviar de forma ilegal créditos y fondos de pólizas de seguros para el uso de Evergrande Group. Por su parte, Xu Jiayin también aprovechó su cargo como presidente de Evergrande Real Estate para organizar la falsificación contable y apropiarse de fondos de la compañía bajo el concepto de dividendos.
Otras sentencias
Debido a estas acciones, el tribunal impuso una multa de 8.820 millones de yuanes (unos 1.311 millones de dólares) a Evergrande Group y de 7.000 millones de yuanes (unos 1.041 millones de dólares) a Evergrande Real Estate, argumentando que estos hechos "dañaron gravemente el orden de la economía de mercado socialista" y afectaron los intereses de la propiedad pública y privada.
En la misma fecha, la institución judicial decretó sentencias de entre 6 y 18 años de prisión para otros cinco altos directivos del conglomerado por delitos de captación ilegal de depósitos públicos y fraude financiero. El tribunal señaló que el pago de las indemnizaciones para resarcir las pérdidas de los afectados tendrá prioridad absoluta sobre la ejecución de las multas y la incautación del patrimonio de los procesados. A la sesión pública de lectura de la sentencia asistieron legisladores y representantes políticos.
